El Octavo Juzgado Civil de Santiago resolvió este miércoles disolver la Fundación CEMA-Chile, organismo que alcanzó notoriedad durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y que era administrada por su fallecida esposa, Lucía Hiriart (1923-2021), investigada por su enriquecimiento personal a través de propiedades del fisco ligadas a la firma.
El tribunal acogió la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y declaró disuelta la fundación, además de ordenar la cancelación de su personalidad jurídica.
Según la sentencia dictada por la magistrada Sylvia Papa Beletti, CEMA-Chile "se apartó de fines de asistencia social para los que fue creada e incumplió de forma grave sus propios estatutos".
"La fundación, en los últimos cinco años, destinó en promedio solo 11 por ciento del total de sus activos en gasto social orientado al cumplimiento de sus fines; El total de sus activos, a 2015, ascendía a más de 5 millones de dólares, lo que contrastaba con su bajo gasto social", apunta el fallo.
"Dichos recursos fueron invertidos persistentemente en instrumentos financieros como fondos mutuos y depósitos a plazo, aumentando el capital acumulado, sin que se observara intención de destinarlo al cumplimiento de su objeto social", se agrega en el documento.
El caso de corrupción CEMA-Chile fue uno de los más emblemáticos del régimen dictatorial de Pinochet, la organización de madres que encabezó Hiriart una vez instalada en La Moneda y cuyas propiedades, otrora públicas, pasaron luego al patrimonio personal de la fallecida.
Pero CEMA, en este caso, no fue solamente un mecanismo de enriquecimiento de Hiriart, sino un vehículo de poder que explotó durante la dictadura como un espacio dedicado a las obras sociales y propaganda.
Con la recuperación de la democracia, Hiriart siguió en el centro de escándalos, vinculados a cómo su familia acumuló fortuna durante los años en que detentó el poder total.
Hasta hoy, en Chile sigue habiendo 1.159 víctimas de desaparición forzada durante la dictadura que aún son buscadas por sus seres queridos.
La dictadura de Chile duró 17 años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares. Más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado.
