En el Ejecutivo esperan que la iniciativa se apruebe tal como está ahora.
"Este proyecto reúne los más altos estándares en materia de derechos humanos", argumentaron.
Lorena Fries apuntó que este proyecto "permite avanzar de una manera sólida en materia de verdad, justicia y reconciliación".
Pese a las críticas suscitadas, el Gobierno continuó con su defensa del proyecto de ley que otorga beneficios carcelarios a enfermos terminales y busca eliminar el indulto presidencial para los condenados por crímenes de lesa humanidad.
La iniciativa no ingresó con urgencia al Congreso, por lo que no será este Gobierno ni este Parlamento el que lo tramite, por lo que esperan que se apruebe tal como está ahora.
El subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, comentó que "sería un error por parte de los gobiernos que vengan modificar este proyecto, que es muy equilibrado, que además ha sido consensuado con muchos sectores de la sociedad".
"Nosotros conversamos con la Conferencia Episcopal, con el mundo evangélico y, en general, la mayoría de estas personas están completamente contestes con el contenido de este proyecto", agregó la autoridad.
Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, apuntó que "este proyecto reúne los más altos estándares en materia de derechos humanos y nos permite avanzar de una manera sólida en materia de verdad, justicia y reconciliación".
Críticas desde organizaciones de DD.HH. y militares condenados
Desde las organizaciones de familiares de militares condenados por violaciones a los derechos humanos cuestionan el rol que se le otorga al Servicio Médico Legal en la iniciativa.
Solange Robert, vocera de la agrupación Hijos y Nietos de Prisioneros del Pasado, que reúne a familiares de condenados en Punta Peuco aseveró que "nos vemos absolutamente perjudicados y discriminados con este proyecto, en el sentido de que las personas que están enfermas deben ser fiscalizadas de alguna manera por el Servicio Médico Legal, cuando no tiene infraestructura, no tiene especialistas, no tiene tecnología para tomar exámenes".
"Nosotros pedimos indultos para ocho personas y por supuesto que los indultos fueron negados porque esas personas no eran enfermos terminales según el (Servicio) Médico Legal. De esos ocho indultos, siete de nuestros pares están muertos", detalló la representante.
En tanto, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Políticos, afirmó que "queda una semana del término de este período y cuando la Presidenta puede cerrar la cárcel de Punta Peuco, porque es una acción privativa de ella, envían este proyecto. Resulta inentendible".
"Finalmente lo que aquí se evidencia es la decisión final de no avanzar en contra de la impunidad. Nosotros nunca vamos a estar por las libertades de los violadores de derechos humanos, los nazis están muriendo en la cárcel, el paso de los años no los hace inocentes", añadió.
