La diputada Cristina Girardi (PPD), junto a sus pares Gonzalo Winter (CS), Juan Santana (PS), Jaime Bellolio (UDI), Camila Vallejo (PC) y Rodrigo González (PPD), presentaron este jueves ante el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir el uso de bombas lacrimógenas u otros compuestos químicos en establecimientos educacionales en el marco de movilizaciones y actos de protesta.
La iniciativa legal, firmada por Girardi, modifica el decreto Nº 400, que se rige bajo la ley N° 17.798, sobre "Control de Armas", para que Carabineros deje de utilizar compuestos químicos para el control de disturbios en recintos donde principalmente se encuentren menores de edad, "debido a que claramente, tanto la normativa nacional, como la internacional, entienden que estas armas químicas nunca se deberían utilizar en espacios cerrados, menos aún con presencia" de niños y adolescentes.
El proyecto es impulsado a partir de "las múltiples veces que Carabineros ha utilizado bombas lacrimógenas al interior de establecimientos educacionales de forma desproporcionada", indica el documento.
"Por 10 estudiantes se ataca a más de cuatro mil estudiantes, por ejemplo en el Instituto Nacional. Si Carabineros no es capaz de cumplir sus propios protocolos, lo que cabe es legislar y regular esto por ley, para que estén obligados a cumplir, porque se consideran armas químicas, que son altamente contaminantes, altamente corrosivas, altamente tóxicas y que obviamente están dañando la salud", dijo la diputada Cristina Girardi (PPD), una de las promotoras de la iniciativa.
En la misma línea se manifestó la Defensoría de la Niñez, cuya titular, Patricia Muñoz, dijo que "lo que uno espera es que los protocolos, como lo hemos demandado a la institución policial, se ajusten a los estándares internacionales en esta materia, lo que desafortunadamente no ha ocurrido y ha afectado de manera evidente la salud de niños, niñas y adolescentes, en circunstancias que aquello, por cierto, no puede seer propiciado por agentes del Estado".
El proyecto fue respaldado por el centro de estudiantes del Instituto Nacional y su presidente, Rodrigo Pérez, quien esta jornada estaba en Valparaíso, dijo desconocer los incidentes que se registraron este jueves en el recinto educacional.
Uno de los últimos episodios fue expuesto por estudiantes del Instituto Nacional en Santiago, quienes denunciaron uso indiscriminado de bombas lacrimógenas por parte del personal policial al interior del liceo en paralelo a incidentes en las afueras del recinto.
El texto también recuerda los hechos como los registrados el 14 de agosto a las afueras del Liceo Nº1 Javiera Carrera, "cuando una estudiante es impactada por una bomba lacrimógena, causándole lesiones en su cabeza"; en el Instituto Nacional Barros Arana (INBA) el 18 de abril, cuando "un bomba lacrimógena (impactó) directamente en el rostro de uno de sus estudiantes, siendo herido de gravedad"; y en el Colegio de Temuncuicui el 22 de mayo de 2014, cuando la comunidad educativa sufrió "la intempestiva actuación de Fuerzas Especiales, quienes comienzan a lanzar lacrimógenas dentro del establecimiento".
Los principales argumentos esgrimidos en el texto apuntan principalmente a los daños de salud que provoca en menores de edad, tales como "desmayos, vómitos, sangramiento de narices y malestar físico en general".
Además, acusa que Carabineros normalmente falta al principio de proporcionalidad a la hora de tratar de disuadir marchas a la hora de lanzar el gas.
En el documento señalan que "es inevitable cuestionarse" el uso del gas lacrimógeno utilizado en Chile -chlorobenzylidenemalononitrile- para efectos disuasivos "cuando al mismo tiempo existe prohibición de uso para el caso de iniciarse una guerra entre países, como lo señalan claramente los estándares internacionales".
En este sentido, llaman al Estado a respetar la Convención sobre Armas Química (CAQ), tratado internacional firmado y ratificado por Chile, que llama incluso a evitar el empleo de gases asfixiantes, tóxicos o similares.
El proyecto se presentó este jueves a las 10:00 horas en Valparaíso y representantes de los centros de padres de liceos emblemáticos de Santiago, tales como el Liceo Carmela Carvajal de Prat, el INBA o el Instituto Nacional, acompañaron a los parlamentarios.
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