El caso forma parte de una auditoría realizada al SLEP de Valparaíso, que detectó diversas irregularidades entre enero de 2024 y mayo de 2025.
Un exdirector ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso recibió más de 247 millones de pesos en remuneraciones mientras se encontraba suspendido de sus funciones, situación que fue detectada por la Contraloría Regional y que derivó en la instrucción de un procedimiento disciplinario.
Según el organismo fiscalizador, el exdirector continuó recibiendo pagos hasta el 16 de marzo de 2026 debido a la demora en la resolución del proceso administrativo que buscaba su suspensión y remoción. En total, los pagos líquidos percibidos durante ese período alcanzaron los $247.557.391.
El caso forma parte de una auditoría realizada al SLEP de Valparaíso, que detectó diversas irregularidades en materias de personal, contrataciones y utilización de recursos públicos entre enero de 2024 y mayo de 2025.
Entre los hallazgos también se identificaron seis contrataciones directas para la administración central que fueron justificadas con argumentos genéricos y sin antecedentes suficientes para acreditar la necesidad de evitar un concurso público.
Además, Contraloría constató que dos personas fueron contratadas para uno de los programas del servicio sin que se realizaran procesos públicos de reclutamiento y selección.
El informe también detectó designaciones prolongadas en comisiones de servicio y falencias en los procesos de contratación de asistentes de la educación.
Otra de las situaciones observadas involucra a un funcionario que habría trabajado simultáneamente para el SLEP y la Municipalidad de La Calera mientras se encontraba con licencia médica.
La fiscalización evidenció, además, problemas en los controles de asistencia y jornada laboral, como reiteradas justificaciones por falta de marcación, registros manuales incompletos e inasistencias sin respaldo suficiente.
A esto se sumó el uso de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para fines cuya utilización no contaba con acreditación suficiente.
Por estos hechos, Contraloría ordenó instruir un procedimiento disciplinario y adoptar medidas destinadas a fortalecer los controles y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
