Diez funcionarios de La Cisterna fueron formalizados este lunes.
Según la Fiscalía, al menos cuatro reconocieron no haber actuado por considerar que el procedimiento era "un cacho".
El general director, Hermes Soto, dijo la semana pasada que esperará el pronunciamiento de la Justicia antes de aplicar sanciones.
En dependencias del 11° Juzgado de Garantía de Santiago fueron formalizados, este lunes, los 10 funcionarios de Carabineros que están acusados de facilitación de la explotación sexual de menores de edad.
En la audiencia, efectuada esta mañana, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y estableció medidas cautelares sobre los imputados: arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.
AHORA: 11º Juzgado de Garantía acoge solicitud del Ministerio Público y establece arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas para 10 carabineros imputados por facilitación de la prostitución infantil. pic.twitter.com/b6DK1MjKlU
— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) 16 de abril de 2018
Según se conoció la semana pasada, la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado acusan a 10 funcionarios de La Cisterna de no haber tomado medidas para evitar que siguiera adelante la explotación de tres niñas sometidas a la prostitución; casos de los que ellos estaban al tanto.
"Un cacho"
Se trata ésta de una causa donde 20 personas ya fueron condenadas, y "en el contexto de esa investigación se logró establecer que había concurrencia de vehículos que iban con personal policial que no adoptaba el procedimiento que es esperable, que está establecido en la ley y que –nosotros entendemos- debían cumplir", explicó el fiscal Rodrigo Chinchón.
Según explicó el Ministerio Público, cuatro de los acusados reconocieron que, pese a estar en conocimiento de los ilícitos, no adoptaron el procedimiento de vulneración de derechos por considerarlo engorroso: "Un cacho", en sus palabras.
"Todos declararon, y varios de ellos aportaron elementos a la investigación, que, fundamentalmente, dan cuenta de que, no obstante saber la situación, el estado y el lugar donde se encontraban las niñas, y que, efectivamente, estaban siendo explotadas por parte de terceros, no adoptaban el procedimiento porque consideraban que era muy largo", relató el persecutor Chinchón.
Defensa: "Un nivel de exigencia que no se puede cumplir"
La defensa de los imputados argumentó que, de ser ciertos los hechos, sólo podrían ser sancionados por alguna norma propia de la institución, pero no por el delito formalizado.
"Lo que se reconoció en las declaraciones que dieron los funcionarios es que, debiendo haber tomado un procedimiento, no lo habrían hecho, pero no que habrían facilitado la prostitución de menores de edad. Son cuestiones distintas", señaló el defensor penal público Mario Araya.
El abogado advirtió que "si se les pide a todos los carabineros que se hagan responsables de cada una de las acciones que omiten, vamos a tener que condenar a todos los carabineros por los atropellos, por los homicidios y por los robos en los bancos, porque ellos están a cargo de la seguridad".
"Si la tesis del Ministerio Público es que tenemos que sancionarlos por no actuar, le estamos pidiendo a Carabineros un nivel de exigencia que nadie puede cumplir", argumentó Araya.
Sesenta días de investigación
La jueza Verónica Vásquez consideró que sí había un deber de los imputados, que debieron actuar, que tenían conocimiento de los hechos y que, con su omisión, hicieron posible que se concretara el delito, por lo cual hay antecedentes que presumen su participación.
La magistrada determinó un plazo de investigación de 60 días.
Jorge Peña, Javier Lagos, Aníbal Paredes, Manuel Álvarez, Cristián Garcés, Erwin Cárdenas, Diego Aguilar, Richard Espinoza, Jorge Sánchez y Cristián Cea enfrentan un sumario interno en Carabineros, pero el general director, Hermes Soto, dijo el viernes que no adoptará medidas hasta que se pronuncie la Justicia.
