La Corte Marcial acogió este lunes, en fallo dividido, parte del recurso de amparo interpuesto por la defensa del renunciado comandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez Menanteau (2018-2022) y podrá ser entrevistado por la ministra en visita Romy Rutherford en su vivienda en el barrio Lo Curro, comuna de Vitacura.
Luego de que no se presentara a declarar la semana pasada como inculpado por fraude al interior de las Fuerzas Armadas, la defensa del ex líder militar realizó este lunes los alegatos en una sesión extraordinaria de la Corte Marcial.
El abogado Juan Carlos Manríquez, quien defiende a Martinez, interpuso un recurso de amparo para que el ex líder militar sea entrevistado en su domicilio registrado -perteneciente al Fisco- en el barrio Lo Curro, algo que fue acogido en parte y en fallo dividido por la Corte Marcial, tras una votación de tres a favor y dos en contra.
"Ésta corte difiere de la justificación que entrega la ministra, por cuanto no toma en cuenta el artículo 246 del Código de Procedimiento Penal, referido a que las autoridades que se mencionan en dicha norma, aplicable en materia de justicia militar, pueden declarar en su domicilio o en el lugar que designen", detalló la resolución.
Además, se indicó que se acogió el recurso porque "se afecta en cierto modo la libertad de movimiento y la garantía de desplazamiento, lo que conlleva necesariamente a estimar que se afecta su libertad personal, pues esta se restringe, y dicha restricción se corrige por la presente vía Constitucional".
Con esta decisión, Martinez no tendrá que ir a las oficinas de la ministra Rutherford -como lo había citado ella- para ser entrevistado en calidad de "inculpado" por los aristas "Pasajes y Fletes" y "Gastos Reservados" del llamado "milicogate".
"Además pedí una orden de no innovar, eso significa que ante el evento incluso que el amparo nos sea denegado, le pedimos a la Corte que suspendiera la tramitación de la causa en aquella parte en la que pudiera dictarse una orden de detención, para que no se dicte esa mientras no se resuelva el amparo", detalló el abogado tras salir de los alegatos, y advirtió que "la resolución no va a ser definitiva, es lo primero que deben saber".
En tanto, sobre el procedimiento contra su defendido, Manríquez acusó que no se ha aplicado la ley de forma parcial y que Rutherford ha sido arbitraria en los requerimientos contra del renunciado comandante en jefe del Ejército.
"Lo que hicimos fue examinar el informe de la señorita ministro, confrontarlo, seguir sostenido con nuevas razones por qué ese informe está equivocado, por qué hace una interpretación de la ley vigente y, por último, dejamos en claro de que hay una ley especial que establece que el general Martínez tiene derecho a fijar su domicilio allí hasta el 30 de marzo de este año por su condición de ex comandante en jefe del Ejército, de tal manera de que no es ningún capricho", dijo Manríquez.
"Faltan pasos legales que definir y, según eso, cuando esté dada la situación de completa legalidad, evidentemente vamos a estar en condiciones de enfrentar a la justicia en igualdad de armas", agregó el abogado.
Las partes en este caso tienen hasta cinco días para apelar en la Corte Suprema lo señalado por la Corte Marcial.
"UNA VENTAJA INACEPTABLE"
El diputado Leonardo Soto (PS), quien presidió una comisión investigadora del denominado "Milicogate" en la Cámara Baja, fustigó que "este privilegio de declarar en su domicilio particular es una ventaja inaceptable, antidemocrática, injusta. Le entrega una ventaja a un general corrupto en retiro que ningún ciudadano chileno tiene".
Por eso, el legislador anunció que "en el primer día en funcionamiento del próximo Congreso Nacional, vamos a presentar un proyecto de ley para derogar esta facultad excesiva y antidemocrática para que ningún general en retiro tenga en el futuro este privilegio".
