El ministro y subsecretario de Justicia son indagados por presunta prevaricación administrativa.
Diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) recurrieron al Ministerio Público tras los decretos que beneficiaron a pederastas.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte inició una investigación penal contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de la misma cartera, Luis Silva, por el presunto delito de prevaricación administrativa, en el marco de la controversia por la rebaja de condenas a personas condenadas por delitos sexuales.
La información fue confirmada por el Ministerio Público mediante un comunicado, en el que se detalló que el fiscal nacional, Ángel Valencia, remitió los antecedentes durante la jornada del jueves.
Las diligencias quedaron bajo la dirección del fiscal Francisco Jacir, quien contará con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especializada de la misma jurisdicción.
Según explicó el Ministerio Público, el objetivo de la investigación será determinar si los hechos denunciados revisten caracteres de delito y establecer las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse de ellos.
La acción fue presentada por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS), quienes atribuyen a ambas autoridades un presunto delito de prevaricación administrativa, previsto en el artículo 228 del Código Penal.
Cuello y Santana acudieron a la Fiscalía Nacional el lunes 26 de octubre, después de conocerse que el Ministerio de Justicia había dictado 56 decretos de rebaja de condena para personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Según lo señalado por el Gobierno, la mayoría de los beneficiados quedó en libertad.
Los parlamentarios sostienen que estas decisiones vulneraron las restricciones del artículo 17 de la Ley 19.856 para otorgar ese beneficio a condenados por delitos sexuales contra menores.
Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, Cuello afirmó a través de sus redes sociales que tanto Rabat como Silva tienen "calidad de imputados" y sostuvo que la rebaja de condenas a personas condenadas por delitos sexuales sería "ilegal".
En medio de la controversia, Rabat descartó renunciar y defendió que su actuación se ajustó a la Constitución y la ley, aunque reconoció haber fallado en la evaluación política de las decisiones.
Por su parte, el Presidente José Antonio Kast asumió la responsabilidad política del Gobierno y ratificó al ministro en su cargo. Además, anunció la suspensión de nuevas tramitaciones y la revisión de los beneficios ya concedidos.
En paralelo al anuncio de la investigación, Rabat y Silva sostuvieron una reunión con la presidenta del Senado, Paulina Núñez (Renovación Nacional), con el objetivo de coordinar la agenda legislativa para la próxima semana.
Durante el encuentro se abordó como prioridad la tramitación de la Ley de Presupuestos, aunque también se buscará avanzar en proyectos relacionados con la actual controversia y eventuales modificaciones a la normativa sobre rebajas de penas.
Núñez señaló que ya tomó contacto con el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Vlado Mirosevic (Partido Liberal), para priorizar la discusión de estas iniciativas durante la próxima semana.
Tras la reunión, el ministro de Justicia también se refirió a la controversia generada por el video difundido anoche por el subsecretario, en el que este último explicó públicamente su participación en uno de los decretos cuestionados.
Consultado por la publicación, Rabat sostuvo que, al tratarse de un mensaje destinado a informar a la ciudadanía sobre una materia respecto de la cual existiría desconocimiento, no era necesario solicitar autorización para su difusión.
