El Gobierno dio por concluida la fase de revisión del proceso de auditoría interna denominado "Inspección Total", cuya quinta sesión de trabajo se desarrolló en el Palacio de La Moneda.
La instancia, centrada en el análisis de transferencias de recursos públicos dirigidas a personas jurídicas sin fines de lucro -tales como fundaciones y corporaciones-, encendió alertas en nueve ministerios y derivará los antecedentes a distintas instancias fiscalizadoras y judiciales.
Como resultado de los hallazgos, el Ejecutivo determinó remitir antecedentes de siete carteras a la Contraloría General de la República, cinco al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y cuatro directamente al Ministerio Público para la persecución de eventuales delitos.
Estos últimos, los focos de mayor gravedad detectados por el comité de auditoría, corresponden a la Subsecretaría del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la Dirección del Trabajo, la Subsecretaría del Deporte y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), dependiente del Ministerio de Educación.
Tras esta etapa, el comité preparará un informe final para ser entregado a Kast, mientras mantiene el seguimiento de las medidas correctivas dispuestas.
La auditoría fue ordenada por el presidente mediante el segundo decreto de su mandato y retomada públicamente un mes después de asumir. La revisión comprende el período entre 2025 y el 11 de marzo de 2026, cuando terminó la administración de Gabriel Boric.
En julio, el comité informó que había detectado más de 1,4 billones de pesos transferidos a fundaciones sin rendición acreditada, además de ordenar investigaciones específicas en los ministerios del Deporte, Agricultura, Energía y Salud.
