Desde la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos reaccionaron con indignación a los nuevos detalles de la investigación contra el sacerdote jesuita Renato Poblete y emplazaron al Estado a que tome "riendas" frente a los casos de abusos en la iglesia.
Según se supo hoy, de sus 22 mujeres víctimas confirmadas por la investigación del abogado Waldo Bown, Poblete abusó de cuatro menores de edad, entre ellas una niña de tres años, de acuerdo con un reportaje de La Tercera.
Es una información "fuerte", dijo Helmut Kramer, vocero de la organización, afirmando que "esta noticia corrió hoy por los grupos de la Red y denunciantes jesuitas, provocando una indignación enorme al saber que esta persona, que este delincuente, no tenía el más mínimo límite frente a nada".
En ese marco, acusó que "dentro de la congregación jesuita, durante años, hubo un grupo de ellos que formó claramente un tipo de organización delictual que permitió que muchos hombres y mujeres fuésemos abusados".
"Esto es gravísimo, y es hora de que una vez por todas la Justicia chilena deje de mantener esta actitud somnolienta, y tome riendas en el asunto, pero con hechos claro y concretos; y es hora de que el Estado chileno también se haga cargo de esta situación. Acá ha habido una vulneración de los derechos humanos", emplazó.
El mismo Kramer es denunciante de abusos de Leonel Ibacache, que recientemente fue expulsado del sacerdocio y de la Compañía de Jesús.
Por su parte, Daniel Palacios, vocero de la agrupación de víctimas de abuso por parte de sacerdotes jesuitas, dijo que la revelación de nuevos detalles del informe Bown "le pone presión a la Fiscalía, que tiene que estar a la altura de lo que le toca hacer (...) no sólo del Caso Poblete, sino también de toda la información y la vista gorda que hicieron en los colegios, que incaute material y sea activo en ejercer la persecución penal como es debido".
La investigación, además, "fortalece en nuestra posición de insistir en el encubrimiento de los jesuitas", enfatizó Palacios.
Murillo: Antecedentes apuntan a "encubrimiento"
En tanto, la indagatoria de Bown estableció también que 15 miembros de la congregación sabían de los intentos de besos y tocaciones y de aparentes relaciones estables que mantuvo el fallecido cura.
De ellos, cinco apuntaron a rumores o comentarios de terceros, mientras que dos dijeron haber recibido testimonios directos de las víctimas: uno recibió expresas instrucciones de la víctima para no divulgar la información y el otro, al cura Juan Ochagavía, quien hizo llegar los antecedentes al provincial jesuita de la época, Guillermo Marshall, y a su superior Patricio Cariola, pero no se hizo seguimiento a la denuncia.
Para José Andrés Murillo, de la Fundación para la Confianza y denunciante de Fernando Karadima, se "podría decir que evidentemente hay situaciones en las que no se reportó", siendo las autoridades de la congregación "responsables de no haberlo reportado acusado y proteger víctimas". Eso, sostuvo, "habla de encubrimiento", lo cual no fue detectado en la investigación de Bown.
No obstante, Murillo apuntó que "los encargados de investigar el encubrimiento es la Justicia, el Ministerio Público y los tribunales".
