Fue reducida de 62 a 3 millones de dólares por la Corte Suprema, lo que causó indignación en los timoneles de la DC y el PS.
El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, y su homólogo del Partido Socialista (PS), el senador Álvaro Elizalde, deploraron el fallo con que la Corte Suprema cerró la principal arista del caso Cascadas, investigación administrativa que había terminado con la mayor multa de la historia en 2014 contra Juan Ponce Lerou, principal imputado por infracciones a las leyes de valores y sociedades anónimas.
El máximo tribunal ratificó la conclusión de la ex Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), pero no la multa original. El dictamen establece que Ponce Lerou cometió las irregularidades como accionista y presidente de SQM, sin embargo, rebajó la sanción de 1.700.000 UF (unos 62 millones de dólares) a 75.000 UF (casi 3 millones de dólares).
La Suprema ratificó el viernes, por cinco votos a cero, las infracciones de Ponce y ratificó, además, la rebaja de la sanción dictaminada por la Corte de Apelaciones.
En tanto, los ministros María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco y Diego Munita rechazaron la pretensión del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y ratificaron la rebaja de casi 60 millones de dólares a la multa oficiada contra Ponce.
La Corte de Apelaciones se basó en una determinación del Tribunal Constitucional (TC) de 2018 que, frente a un reclamo del mandamás de Soquimich, el TC indicó que era inconstitucional la norma que permitía esta multa.
Tras conocerse la determinación de la Justicia, Chahín y Elizalde urgieron la necesidad de impulsar una reforma con el objetivo de aumentar las penas por delitos económicos y de corrupción como la colusión, la creación de carteles y el uso de información privilegiada.
"Creo que esto nos obliga a impulsar una reforma importante en el esquema de sanciones en el mercado de valores. Creo que esa es la gran lección de este fallo de la Corte Suprema", dijo el timonel de la DC.
"También cabe recordar que en Cascadas también estaban involucradas sociedades del Presidente de la República, Sebastián Piñera, que hasta ahora ha pasado absolutamente inadvertido respecto a ello", agregó Chahín.
Miguel Mellado (RN) recordó que "el Presidente presentó un proyecto de ley para que se construya un país más justo, sin abuso, sin ningún privilegio y eso no está sucediendo, porque algunos empresarios utilizan el mercado financiero para a través de ciertos engaños poder ganar recursos, como sucedió con SQM".
"Que los proyectos demoran en su tramitación es por todos sabido y yo hago un llamado al Gobierno a que le ponga discusión inmediata al proyecto nuevamente, para que definitivamente ningún empresario se ría de lo que nosotros queremos hacer como país", agregó.
Elizalde, en tanto, cuestionó la voluntad de la Moneda y calificó como "una declaración carente de contenidos" la "agenda antiabusos" prometida por el Presidente Piñera, anunciada el pasado 9 de diciembre en un intento por frenar las masivas protestas que coparon el país.
"El Gobierno no tiene real voluntad de avanzar en una regulación que sanciones drásticamente los delitos de cuello y corbata. Esta situación se torna especialmente grave ante la rebaja de la multa a Julio Ponce Lerou", señaló.
"Lamentamos que, además, en su momento, el TC señalara que este tipo de multad no podían aplicarse conforme, precisamente, a la Constitución vigente. Eso da cuenta que junto con el cambio legal se requiere una nueva Constitución", concluyó.
En el 2014 la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) acusó a Julio Ponce Lerou de ser "ideólogo y promotor de un esquema de transacciones que lo benefició a él y a personas y sociedades relacionadas", a través de transacciones de acciones de las cascadas que controlan el 32 por ciento de SQM, una utilidad fraudulenta de 128 millones de dólares.
