El ministro se reunió este lunes con el fiscal nacional Jorge Abbott, entidad que se alineó con la postura del Gobierno.
Chadwick además defendió el derecho del Presidente Piñera de dar su opinión "cuando la seguridad de los chilenos se ve afectada".
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se reunió este lunes con el fiscal nacional Jorge Abbott para discutir sobre la polémica resolución del magistrado de San Antonio Juan Pablo Flores, quien dejó en libertad a dos sujetos que fueron sorprendidos con armamento de guerra tras un control preventivo de identidad por considerarlo ilegítimo.
El argumento del juez para llegar a dicha determinación fue que la detención se basó en un control de tránsito por el uso de vidrios polarizados, lo que no habría sido indicio suficiente para un registro en el marco del control preventivo de identidad.
Para Chadwick, la decisión del juez en cuestión "constituye una falta de sentido común, hay sentido común en la aplicación del Derecho y ese no puede ser olvidado ni por la Fiscalía ni por los jueces".
Este caso fue seguido de cerca también por el Presidente Sebastián Piñera, quien consideró "muy grave que Juez de Garantía de San Antonio deje en libertad personas que llevaban en su auto peligrosas armas y municiones. Existen disposiciones legales expresas para evitarlo".
El juez Juan Pablo Flores reaccionó ante los dichos del Mandatario a través de una entrevista al diario El Líder de San Antonio, donde aseguró que "siempre hay que tener cuidado en los términos que se ocupan. El Presidente es la máxima autoridad de la República, entonces uno siempre espera de él cuidado en sus dichos".
Ante esto, el ministro Chadwick recalcó que "el Presidente de la República tiene como una de sus principales responsabilidades velar por la seguridad ciudadana y la seguridad de los chilenos. Y tiene su más legítimo derecho, respetando obviamente la autonomía del Poder Judicial, de dar su opinión cuando ve que la seguridad de los chilenos se puede ver afectada".
Ministerio Público se cuadra con el Ejecutivo
Desde la Fiscalía Nacional, en tanto, se alinearon con la posición del Gobierno y aseguraron que los hechos atentan gravemente contra la seguridad pública".
"(Es una) preocupación que nosotros sin duda compartimos. Se tratan de hechos gravísimos que sin duda atentan gravemente contra la seguridad pública. Nosotros tenemos una interpretación bastante distinta a la que tiene el juez de garantía en cuestión", dijo la vocera de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera.
"Nosotros estimamos que se trataba de un control de identidad que en definitiva cumplía con todos los estándares que la ley establece", agregó.
Herrera también defendió a la Fiscaía de los cuestionamientos por la falta de antecedentes del caso y por no haber pedido la inmediata formalización.
"Nosotros no la pedimos (la formalización) porque el juez ya dijo que para él primaba el pacto de San José", dijo la vocera.
"Tuvimos ahí algún problema también respecto de los antecedentes que llegaron mediante sistema y los que llegaron en el parte físico. Si tuviéramos la posibilidad de que los fiscales en las audiencias pudieran acceder a toda la información, quizá podríamos minimizar la posibilidad de que esos problemas ocurrieran", añadió.
Estas declaraciones se suman a la solicitud de antecedentes que hizo Jorge Abbott al persecutor regional de Valparaíso Pablo Gómez, con quien se reunirá para evaluar qué fue lo que falló en este proceso.
