Tras dos maratónicas jornadas de formalización, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy (ex-PS), fue enviado a prisión preventiva por presunta corrupción, en una causa que liga también a empresarios con supuestas licitaciones y tratos directos irregulares.
Ante el Juzgado de Garantía local, el Ministerio Público le imputó al jefe comunal -quien erriesga más de 15 años de cárcel- los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho y lavado de activos: lo defraudado por el jefe comunal ascendería a 2.336 millones de pesos entre agosto del 2021 y mayo del 2023.
El fiscal de Alta Complejidad de O'Higgins, Nicolás Núñez, expuso que "existió una gobernanza fraudulenta que asignaba y adjudicaba compras públicas a dedo a aquellos empresarios que entregaban beneficios económicos al alcalde".
Los involucrados "idearon y utilizaron un mecanismo para el pago de sobornos" a través de la cuenta corriente de un empresario y, además, "utilizaron las tarjetas de débito con las que se lavaba el dinero proveniente de los ilícitos del fraude al Fisco, malversación y cohecho agravado", complementó.
Esta jornada, tras la resolución, remarcó que "se ha logrado acreditar en esta etapa procesal el delito de lavado de activos, toda vez que el alcalde ha ocupado el beneficio de esas coimas y las ha ocultado a través de diversos mecanismos, ya sea la utilización de productos bancarios de terceros, como la tarjeta de débito de uno de los empresarios, como también compras mediante testaferros de bienes inmuebles".
El alcalde ha acusado una "campaña de desprestigio" con fines electorales, dadas sus intenciones de postular a la reelección en las municipales de octubre, pero también valorado la formalización, puesto que "por primera vez tenemos la posibilidad de defendernos".
"Hay muchas circunstancias que son interpretaciones de la Fiscalía, hay muchos antecedentes que son constitutivos de un error de parte de Fiscalía, y existen algunos antecedentes que incluso acreditan que algunos hechos que imputan como delitos no existen", había planteado, en tanto, su abogado Hugo Zamorano en la víspera.
La jueza Loreto Salas estableció que la libertad de Godoy constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, y que enviarlo a prisión se torna "indispensable para el éxito de la investigación criminal", al considerar "plausible los dichos de un testigo sobre que el imputado tomó sin su autorización un teléfono de su propiedad para borrar registros".
La defensa recurrirá a la Corte de Apelaciones para evitar la cárcel: "No estamos de acuerdo con los fundamentos de la resolución", dijo el abogado Zamorano.
"Nuestra expectativa es lograr un juicio oral lo más pronto posible, que esto se extienda lo menos posible y que no se utilice la prisión preventiva para presionar a la persona que se declare culpable", agregó el letrado.
Además del alcalde, fueron formalizados los empresarios Diego Barba y Javier Cornejo (a quien correspondía la referida cuenta corriente), los que también quedaron en prisión preventiva; y Carlos Rodríguez y Daniel Salazar, para quienes ya se había dictado ayer las medidas cautelares de arresto domiciliario, arraigo nacional y firma mensual.
En los últimos días, el Servicio de Impuestos Internos querelló a Godoy por presuntos delitos tributarios cometidos durante su administración y que alcanzan un perjuicio fiscal superior a los 474 millones de pesos. Esto se suma a la acción penal presentada por el Consejo de Defensa del Estado a fines de marzo, que lo acusa de cometer delitos asociados a actos de corrupción, incluyendo cohecho y fraude al Fisco.
El tribunal determinó un plazo de 90 días para la investigación.
También fijó una nueva audiencia para el próximo 23 de abril, cuando el alcalde será formalizado por los delitos tributarios que le acusa el SII.
El alcalde de Rancagua, junto a los empresarios Diego Barba y Carlos Rodríguez, fueron trasladados hasta la Cárcel de Rancagua.
ALCALDE ACUSA "FILTRACIONES"
A su llegada a esta segunda jornada de formalización, el alcalde rechazó que fuera conocido como "pastorcito", señalando que se trata de "apodos de un testigo que sus testimonios no están verificados, y la Fiscalía lo toma como una veracidad; y creo que eso no solamente me insulta a mí, sino que insulta a toda una comunidad".
Además, Godoy denunció que "esto fue conocido por la prensa antes que los propios acusados, aquí hubo filtración de documentos, la carpeta a nosotros nos llegó después que a los medios de comunicación".
"Se quiso hacer un juicio público", deploró.
