La oposición comenzó a concretar este jueves su ofensiva ante el escándalo surgido la semana pasada tras revelarse que la Seremi de Vivienda de Antofagasta había suscrito tres convenios con fondos públicos cercanos a los 426 millones de pesos con la fundación Democracia Viva, de Daniel Andrade, pareja de la vicepresidenta de la Cámara Baja, la RD Catalina Pérez -quien terminó suspendiendo su participación en la mesa-.
La bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) presentó una querella ante el Ministerio Público para que indague el caso. De todos modos, el órgano persecutor ya había confirmado la apertura de una investigación de oficio.
En paralelo, los diputados de Renovación Nacional ingresaron un requerimiento en la Contraloría General de la República solicitando un pronunciamiento sobre éste y presunto casos similares en otras regiones de los que aseguran haber recibido información. En ese marco, además, impulsarán la creación de una comisión investigadora en la Cámara Baja.
"Nos han llegado a los distintos diputados denuncias de otros hechos de similares características en otras regiones, y con otros funcionarios, vinculados precisamente al tema de vivienda", afirmó la diputada Camila Flores.
Apuntó que "una comisión investigadora nos permitiría conocer estos antecedentes" puesto que, "sin duda alguna, podríamos estar de una situación mucho más grande".
La última jornada se filtró un correo electrónico que da cuenta de que el Ministerio de Vivienda había sido advertido con anterioridad sobre la situación en Antofagasta: fue enviado el 2 de mayo por la Asociación de Funcionarios del Serviu, presidida por Carla Olivares, quien puso entre los destinatarios de la información a la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (también militante de RD), además de un extenso listado de autoridades de la cartera que encabeza el socialista Carlos Montes.
Por ello, "mantener a la subsecretaria, francamente, me parece muy grave", opinó la diputada Flores.
Dirigentes oficialistas, fuera de micrófono, planteando que si hubo responsabilidad de Rojas, debería dar un paso al costado. Sin embargo, el timonel de RD, el senador Juan Ignacio Latorre, la blindó asegurando que ella sí había notificado al ministro Montes.
Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical, comentó que "no hay que hacer una crisis de una circunstancia que recién se está investigando. Claramente si esto involucra magnitudes que superen la prudencia de la función pública, por supuesto que conllevaría un ribete mayor".
"Si existe responsabilidad de algún funcionario público, que teniendo los antecedentes por 48 horas no hizo las denuncias como requiere el estatuto administrativo, va a tener que analizar qué va a hacer y no dejarle esa responsabilidad al Presidente de la República, porque sería bastante injusto", añadió.
Una vez saltó el escándalo, que tiene como involucrados a militantes de RD, el entonces seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, renunció al cargo; mientras que el martes, la diputada Catalina Pérez suspendió su participación como vicepresidenta de la Cámara, para evitar que la derecha prosiguiera con la advertida moción censura contra la mesa directiva.
