La Fiscalía Metropolitana Sur continúa este sábado con la formalización de 20 imputados vinculados al Primer Comando de Capital (PCC), considerada la mayor organización criminal de Brasil, a quienes se les acusa por delitos de tráfico de drogas, robos a bancos y empresas de valores, y asociación ilícita y criminal.
El Ministerio Público informó que 13 de los imputados ya se encontraban cumpliendo la cautelar de prisión preventiva en distintas cárceles del país, pero seguían cometiendo delitos desde el interior de los penales.
Los otros siete acusados fueron capturados en el marco de la "Operación Sintonía", que incluyó allanamientos simultáneos en 24 domicilios particulares y nueve centros penitenciarios, desde donde se incautaron armas, dinero en efectivo y drogas.
El fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, señaló que la organización criminal brasileña opera en Chile desde 2019 y cuenta con más de 30 integrantes, detectados en cárceles desde Arica a Punta Arenas.
Investigación resurgió el debate por el levantamiento bancario
El diputado independiente de la bancada del PPD, Jaime Araya, valoró "muchísimo el trabajo de la Fiscalía y de las policías que han permitido identificar, detener y poner a disposición de la justicia a estos peligrosos delincuentes transnacionales".
"Sin embargo, esto debe levantar una nueva luz de alerta de cómo el crimen organizado sigue avanzando en nuestro país. Por lo tanto, le haríamos un llamado al Gobierno a legislar sin prejuicios respecto al levantamiento del secreto bancario, que es la herramienta más eficiente para destruir el patrimonio de las bandas criminales", enfatizó el legislador.
En tanto, el diputado Jaime Coloma (UDI) indicó "que el PCC haya logrado instalarse en Chile es una alerta máxima".
"Pero hay un dato que debería indignarnos: trece de los detenidos ya estaban presos y seguían operando desde la cárcel. Eso significa que nuestras cárceles no están cortando las órdenes hacia afuera. Por eso, necesitamos un régimen penitenciario estricto y especial para líderes criminales, aislarlos completamente.", agrego el parlamentario gremialista.
El fiscal Barros también explicó que todos los acusados fueron "bautizados"
por parte de la estructura criminal, lo que conlleva requisitos de ingreso como una minuciosa investigación, antecedentes personales, familiares y penales, y también entrevistas con preguntas como si han matado por dinero.
El persecutor sostuvo que sería útil aprobar la ley que le podría flexibilizar el levantamiento del secreto bancario para la Unidad de análisis financiero, y aseguró que "si queremos cortarle la cabeza a las organizaciones, la medida es necesaria".
Exministro Burgos: "Es un error no otorgar rapidez al proyecto de inteligencia financiera"
El exministro del Interior en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Jorge Burgos, recordó que, actualmente, "se tiene que esperar la orden judicial (para actuar)".
El levantamiento del secreto bancario "se trata de adelantarse y, con esos antecedentes, poder entregar antecedentes más poderosos y más profundos al organismo persecutor, la Fiscalía", resaltó.
"Es un error que comete el Parlamento chileno o algunos sectores de no otorgar rapidez o premuras al proyecto de inteligencia financiera donde está incluida la posibilidad acotada del levantamiento del secreto bancario en circunstancias no judicializadas. Los argumentos son malos y no ayudan en la búsqueda de crearle problemas a los maleantes", subrayó la exautoridad.
El ente persecutor afirmó que Francisco Rivera Galaz, sujeto que permanece prófugo por su presunta participación en el asesinato del carabinero Alejandro Ortiz en la comuna de Renca, supuestamente solicitó apoyo logístico al PCC para huir de Chile.
De acuerdo con la investigación, la organización criminal evaluó la posibilidad de ayudar a Rivera Galáz a cruzar la frontera hacia Bolivia para evadir la justicia chilena, antecedente que deberá ser acreditado formalmente ante los tribunales.
La Fiscalía pide la prisión preventiva para todos los imputados del caso, que podría ser otorgada a siete acusados, considerando que el resto se encuentra privado de libertad.
