La denominada "Operación Apocalipsis", que destapó una compleja red de corrupción al interior de Gendarmería y que se extiende a civiles, dio un paso importante este viernes con el inicio de la audiencia de formalización.
El proceso, que involucra a 70 imputados por múltiples aristas de corrupción, comenzó con un leve retraso durante la mañana, pero ya se encuentra en curso.
Dada la envergadura del caso y el número de imputados, la duración de esta etapa judicial se perfila como extensa, incluso alcanzando las dos semanas de formalización.
En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) asumió un rol activo en el proceso y anunció una querella en contra de estas 70 personas por varios delitos, como asociación ilícita, cohecho, lavado de activos y soborno.
Más allá de las visitas irregulares, la red de corrupción se extendía al tráfico de privilegios y artículos de lujo, cobrando hasta 350 mil pesos por un celular o 80 mil por un combo de comida rápida. (FOTO: ATON)
Según se descubrió esta semana, los involucrados cobraban a los internos 60 mil pesos para recibir visitas de forma irregular, 80 mil por un combo de comida rápida, 100 mil pesos por un hervidor y 350 mil por un celular.
Este grupo también estaría ligado al polémico asado registrado en noviembre pasado en Santiago 1, donde los reos consumieron whisky y grabaron videos que difundieron en redes sociales.
La postura de la defensa
Previo al inicio de la formalización, el abogado Rodrigo Oyarzun, que representa a cuatro de los imputados, identificados como "manilleros" -término que sugiere un rol directo en la custodia o traslado de internos o elementos-, afirmó que "las personas que colaboran a la investigación están tratando de ganarse una atenuante porque saben que son culpables".
El jurista explicó que los investigados "tratan de morigerar su imputación, bajar su pena probable, a través de una atenuante que se llama cooperación eficaz o colaboración sustancial al esclarecimiento de hechos".
Sin embargo, Oyarzun también planteó una salvedad sobre la amplitud de dicha colaboración, cuestionando qué tipo de información podría aportar alguien que no participó directamente en todos los eventos: "¿Qué va a esclarecer en hechos que no ha participado una persona?".
La estrategia defensiva de algunos acusados se centra en argumentar que su rol era únicamente de "custodia" fuera de los recintos penitenciarios, facilitando la entrega de elementos tanto autorizados como no autorizados a los internos. (FOTO: ATON)
A pesar de ello, el abogado enfatizó que sus representados "han denunciado" y podrían, incluso, ser clave como "testigos, si el Ministerio Público toma la decisión de dejarlos fuera" de la imputación principal, lo que implicaría un cambio en su calidad jurídica.
En cuanto a la defensa de sus clientes, el abogado señaló que sus representados recurrían afuera de recintos penitenciarios, pero nada más que para hacer una especie de custodia para elementos no autorizados y también la entrega de elementos que sí autorizaban al interior del recinto penal.