Según los diputados, la medida de gracia relega "a un segundo plano un avance civilizatorio tan relevante como es la separación de poderes".
Agregaron que el caso del exfrentista Jorge Mateluna "constituye una demostración clara de los excesos que puede ocasionar el ejercicio de esta atribución".
Diputados de Renovación Nacional (RN) ingresaron a la Cámara un proyecto de reforma constitucional que busca eliminar la facultad presidencial de otorgar indultos, en medio de la controversia por los 13 beneficios otorgados por el Presidente Gabriel Boric con motivo del fin de año.
A través de un comunicado, José Miguel Castro, Frank Sauerbaum, María Luisa Cordero, Camila Flores, Carla Morales, Sofía Cid, Catalina del Real, Eduardo Durán, Paula Labra y Marcia Raphael recordaron que esta potestad presidencial, una facultad consagrada por la Constitución, "sin perjuicio de otorgarse con ciertos grados de discrecionalidad por parte del Presidente de la República, debe cumplir con requisitos de motivación y razonabilidad que lo hagan justificable".
"El ejercicio de esta atribución constitucional ha estado enjuiciado en los últimos años y ha sido criticado por la amplitud con que se accede a indultar, relegando a un segundo plano un avance civilizatorio tan relevante como es la separación de poderes", argumentó la bancada.
Los parlamentarios subrayaron que "un punto culmine de esta crítica a la posibilidad de indultar" es el indulto del Presidente Boric a 13 personas, entre ellas 12 jóvenes detenidos en el marco de las protestas sociales que sacudieron el país en 2019 y el exfrentista Jorge Mateluna, en prisión desde 2013 por un delito de robo.
Respecto del caso de Mateluna, los diputados señalaron que "constituye una demostración clara de los excesos que puede ocasionar el ejercicio de esta atribución, su otorgamiento a una persona condenada, previamente indultada y cuyo proceso fue incluso revisado por la Corte Suprema, al haberse aducido nuevos antecedentes en un recurso extraordinario de revisión que fue desechado por el máximo tribunal de la República".
"Se abre así la pregunta sobre hasta qué punto es tolerable que la verdad judicial, que sólo puede ser establecida por los tribunales, sea controvertida por el Presidente y finalmente revocada mediante el indulto, lo que puede constituir una afectación institucional si se toma como una intromisión presidencial en actuaciones del Poder Judicial", añadieron los legisladores.
Además, cuestionaron que Boric haya utilizado como promesa de campaña el otorgar el a detenidos por el estallido social, "toda vez que pareciere dejar una cuestión tan relevante como la persecución penal y el juzgamiento de causas criminales al arbitrio de las mareas electorales".
El proyecto se suma a una reforma similiar anunciada por los senadores de la UDI, así como a la acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos.
El indulto ha sido ejercida de forma regular y amplia por todos los predecesores de Boric, con más de 1.600 casos desde que en 1990 retornó la democracia, con un máximo de 928 durante la gestión del primer mandatario postdictadura, Patricio Aylwin (1990-1994).
El anterior jefe de Estado, Sebastián Piñera, concedió 14 indultos durante su primer periodo (2010-2014) y 24 en el segundo (2018-2022), entre ellos a dos personas condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura: el brigadier Raúl Rojas Nieto, entonces de 84 años, sentenciado a siete años por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas tras el golpe conocida como "caso Caravana de la Muerte"; y el oficial en retiro de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) Víctor Mattig Guzmán, entonces de 81 años, condenado a 10 años y un día por el delito de secuestro calificado.
