El pleno de la Corte Suprema resolvió este martes abrir cuadernos de remoción para un total de 56 funcionarios del primer escalafón del Poder Judicial, tras detectarse que realizaron viajes al extranjero mientras se encontraban bajo licencia médica.
La medida afecta a ministros, jueces, secretarios y fiscales judiciales que incurrieron en esta práctica durante los últimos cinco años.
La resolución se tomó tras analizar 104 casos sospechosos, de los cuales 56 fueron seleccionados para iniciar un proceso investigativo formal que podría derivar en la destitución de sus cargos.
El lunes pasado se abrieron 14 cuadernos de remoción, y la presidenta de la Suprema, Gloria Ana Chevesich, anunció que hoy "se decretó abrir cuaderno de remoción en (otras) 42 causas, se desestimó abrirlo en 13 casos y en nueve se produjo empate".
"Como éramos 16, ocho estábamos por abrir cuaderno de remoción y ocho por no abrirlo", detalló la magistrada. Según los estatutos del tribunal, los empates resultaron en el rechazo de la apertura para esos casos específicos.
Un cambio clave en este proceso fue la decisión de ampliar el periodo de investigación de dos a cinco años. Esta modificación podría reincorporar casos emblemáticos que habían sido descartados previamente por prescripción, como los de los jueces Daniel Urrutia y Karen Atala, aunque desde la Suprema no especificaron si esos episodios están considerados o no.
Los afectados serán notificados vía correo electrónico y tendrán la oportunidad de presentar alegatos antes de la resolución final.
Respaldo parlamentario
Desde el Congreso, legisladores de distintas bancadas valoraron la medida fiscalizadora, calificándola como un paso necesario para recuperar la confianza de la ciudadanía y transparentar el sistema público.
La diputada Lorena Fries (Frente Amplio) señaló que "esta práctica abusiva a nivel nacional en los funcionarios públicos sin duda que tiene que ser investigada y tiene que ser sancionada (...) Me parece que está dentro de las potestades y de lo que debe hacer el Poder Judicial".
Por su parte, el diputado Juan Irarrázaval (Partido Republicano) destacó como "muy bien que la Corte esté ordenando la casa después de vivir su parte en la crisis institucional (...) Es precisamente eso lo que hay que hacer, no solo para hacer justicia, sino también para recuperar la confianza en las instituciones".
Se espera que el próximo lunes el máximo tribunal determine si los funcionarios investigados serán suspendidos de sus labores o si podrán continuar ejerciendo mientras se desarrollan las indagatorias por presunto mal comportamiento y falta grave a sus funciones.
