Antonia Larraín Prieto se autodenunció y acusó también que debía entregar dineros restantes de las celebraciones de Fiestas Patrias a la ex autoridad.
Estos antecedentes ocurren en medio de la investigación por presuntas irregularidades en el pago de subvenciones en el municipio dirigido por Raúl Torrealba.
La investigación sobre las presuntas irregularidades en el pago de subvenciones en la municipalidad de Vitacura, mientras Raúl Torrealba (RN) ocupaba el puesto de alcalde, continúa con una nueva acción judicial presentada el lunes por la actual administración comunal, liderada por la alcaldesa Camila Merino (Evópoli).
La denuncia por delitos de malversación de caudales públicos y fraude al Fisco, fue ingresada en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la denuncia de Domingo Prieto, ex presidente y representante legal del Consejo Local de Vitacura, Vita Salud y Vita Deportes, quien acusó que su firma fue falsificada en documentos públicos y privados.
Según informó La Tercera, la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente solicitó entrar y registrar los domicilios de Raúl Torrealba y también de Domingo Prieto, acción concretada el lunes 23 de agosto, al mismo tiempo en que se ordenó que fueran requisados los computadores de los programas "Vita".
Lo anterior ocurrió mientras el municipio suspendía de su cargo a José Bucarey, director de Administración y Finanzas, Sergio Beaumont, contralor municipal y a Antonia Larraín Prieto, directora subrogante de Desarrollo Comunitario.
Antonia Larraín, funcionaria por 16 años del municipio, sobrina de Domingo Prieto y amiga de una de las hijas del ex alcalde Torrealba, declaró ante el director jurídico de Vitacura y posteriormente ante el Ministerio Público.
En su testimonio, la directora de Desarrollo Comunitario se "auto denunció" señalando que debía entregarle dinero en efectivo a la ex autoridad comunal, según detalló al 4° Juzgado de Garantía de Santiago el fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad, Carlos Ramírez.
El persecutor relató que el 19 de agosto del presente Larraín confesó que "apenas comenzó a ocupar el cargo, el imputado Torrealba le señaló que todos los meses ella recibiría del imputado Prieto un sobre con suma aproximada de $ 5.000.000, lo que efectivamente ocurrió hasta el mes de diciembre de 2020".
Ramírez también sostuvo que en algunas oportunidades "el sobre con dinero se lo entregaba el señor Prieto" y en otras "Arnaldo Cañas o Cesar Silva, mandados por Prieto".
El medio citado indicó que este dinero no tenía que ver con la remuneración de la funcionaria, que recibía una sueldo líquido cercano a los cinco millones y medio de pesos, y que aún se investiga si el dinero quedaba en manos de Larraín o si los sobres eran entregados directamente a la autoridad.
El fiscal Ramírez también señaló que Larraín detalló que "todos los años, para la semana de la chilenidad, ella recibía de parte del señor Prieto una suma de dinero variable, cercana a los $ 3.000.000, para que administrara y gastara en temas propios de esa celebración, sin embargo, normalmente sobraban sumas cercanas a $ 1.000.000 que ella debía entregar en efectivo al alcalde en ejercicio Raúl Torrealba".
Además de permitir allanar la casa de Raúl Torrealba y los computadores del municipio, el juzgado permitió que se realice el alzamiento del secreto bancario de tres cuentas pertenecientes al ex alcalde para investigar si su sueldo coincidía con los movimientos bancarios.
Esto debido a que existen testimonios que aseguran que en varios programas del municipio operaban personas que eran contratadas falsamente, y quienes habrían devuelto parte de sus sueldos a la ex autoridad comunal.
En tanto, el Consejo de Defensa del Estado determinará si realizará una querella contra Raúl Torrealba tras recibir todos los antecedentes de la investigación.
