PDI incautó computadores desde Municipalidad de Vitacura tras denuncias de irregularidades

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La administración entrante detectó diferencias en la firma de Domingo Prieto, ex representante de los programas Vita, durante la administración del ex alcalde Torrealba.

Se investigan los delitos de "malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento privado, fraude y exacciones ilegales".

PDI incautó computadores desde Municipalidad de Vitacura tras denuncias de irregularidades
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La Policía de Investigaciones (PDI) incautó computadores de la Municipalidad de Vitacura, en el marco de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente por la presunta irregularidad en el pago de subvenciones a los programas Vita durante la ex administración del alcalde Raúl Torrealba.

Según consignó La Tercera, la investigación comenzó luego de que la administración entrante de la alcaldesa Camila Merino (Evópoli) detectara diferencias en la firma de Domingo Prieto, ex presidente y representante legal del Consejo Local de Deportes de Vitacura y ex representante de Vita Salud y Vita Deportes.

Los programas Vita son entidades privadas que aplican organizaciones comunitarias funcionales, entre las que destacan centros de madres y juntas de vecinos. Es por esto que el municipio realizó millonarias subvenciones anuales a este tipo de iniciativas.

Cabe señalar que la actual administración presentó a finales de julio una denuncia por los presuntos delitos de "malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento privado, fraude y exacciones ilegales".

El ex jefe comunal Raúl Torrealba indicó que "los programas Vita son entidades jurídicas ajenas a la municipalidad. Es bueno lo que está haciendo la alcaldesa. Los programas Vita originalmente buscaban cumplir con una serie de necesidades, como: el deporte, tercera edad y salud. No sé lo que pueda haber. La verdad es que tenían un manejo bastante independiente".

Los computadores incautados pertenecían a tres funcionarios municipales: José Bucarey, director Administración y Finanzas; Sergio Beaumont Araya, contralor municipal, y Antonia Larraín Prieto, directora (S) Desarrollo Comunitario, quienes fueron suspendidos de sus funciones.

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