Se vienen aguas movidas en el Tribunal Constitucional. A fines de agosto, el presidente Iván Aróstica deberá dejar el cargo, cuyo sucesor será elegido a inicios de ese mes en una votación a mano alzada, y sus detractores ya parecen tener a su carta para arrebatarle el liderazgo a su sector.
De acuerdo con La Tercera, pese a que la derecha tiene mayoría en el TC, en los últimos meses los plenos del TC se han convertido en una batalla entre dos "bandos": uno, más conservador, liderado por Aróstica junto a los ministros Juan José Romero y José Ignacio Vásquez; enfrentado al otro, de María Luisa Brahm, Gonzalo García, Nelson Pozo, Domingo Hernández, Cristián Letelier, María Pía Silva y Miguel Ángel Fernández.
Esta división, según el reportaje, se ha acentuado por el "blindaje" que algunos ministros acusan que ha realizado el sector de Aróstica a los militares investigados cuyos casos han llegado al Tribunal y que, prácticamente todos, han sido paralizados, sobre todo el que involucra al ex comandante en jefe del Ejército Humberto Oviedo, por la Primera Sala -de cinco integrantes, entre ellos los tres del "bando" de Aróstica-; salvo la investigación contra el otro ex jefe de la institución castrense Juan Miguel Fuente-Alba.
La molestia, también, apunta a que Aróstica, en su calidad de presidente del TC, tiene la facultad para definir en cuál sala se tramita la admisibilidad de los requerimientos: todos los relacionados con investigaciones a militares por presunto fraude los asignó a la Primera Sala, la suya.
La semana que dejó un quiebre insalvable
El quiebre que ya parecía insalvable se agravó en la última semana: primero, luego de que el viernes los tres ministros del "bando" de Aróstica (apodados el "VAR" -por los apellidos Vásquez, Aróstica y Romero y en alusión al videoarbitraje introducido por la FIFA-), que en enero votaron por paralizar la causa contra Oviedo -a esperas de discutir el fondo del requerimiento-, emitieron la resolución que detenía toda la investigación de la ministra Romy Rutherford contra Oviedo, y no sólo la arista "Empresas de Turismo", como ella había entendido.
Posteriormente, este miércoles ocurrió una tensa reunión del pleno del TC, una de las de peor clima desde que Aróstica asumió la presidencia en 2017, según cinco de los ministros presentes. De acuerdo con La Tercera, en la instancia Gonzalo García (cercano a la DC) le pidió que priorizara la causa de Oviedo en la tabla de las que revisarán la próxima semana, posición que fue secundada por otros seis jueces.
Y pese a que también se le comentó la importancia de los argumentos del Consejo de Defensa del Estado, que es parte en la causa, y de las críticas desde el Poder Judicial por una presunta estrategia de "dilación" del caso hasta que concluya el período de Rutherford en la Corte Marcial –marzo de 2020-, el presidente del TC, por su parte, encendió más los ánimos: se negó a modificar la prioridad y aseguró que no se dejará presionar por el clamor popular.
Posteriormente ese día, la Primera Sala se volvió a reunir tras la nueva aclaratoria solicitada por Rutherford, sobre si la paralización afectaba a otras causas o sólo a la de Oviedo: la instancia precisó que sólo se referían a la del general en retiro. Pero en la cita, según testigos, Aróstica se enfrentó en duros términos a los dos jueces de la minoría -Hernández y Silva- y que habían votado en contra de detener la indagatoria; pidió dejar expreso en el acta, como protesta formal, que él no les reconocía condiciones, capacidad ni competencia para hacer valoraciones a la decisión de la mayoría.
La ministra Brahm surge en medio de la pugna
Esa pugna se conoció en la Segunda Sala y, según el reportaje del matutino, se comenzó a fraguar un plan, en el que surgió el nombre de la ministra María Luisa Brahm como la carta de la "oposición" para sustituir a Aróstica, en desmedro del candidato de éste, el juez Juan José Romero, que hasta enero parecía el más seguro para sucederlo.
Brahm, también cercana a la derecha, pero de corte más liberal, se desempeña desde 2013 en el TC, cuando fue desginada por el Presidente Sebastián Piñera en su primer Gobierno. Previamente, fue su jefa de asesores desde el inicio de ese mandato, en 2010, hasta su nombramiento en el Tribunal.
Antes, trabajó en el Sistema de Empresas Públicas, integró el Consejo Nacional de Televisión y fue directora durante una década del Instituto Libertad (ligado a RN). Entre 1983 y 1990 estuvo en la Odeplan (hoy Ministerio de Desarrollo Social), en un primer lustro como fiscal y en los años restantes como jefa del Departamento de Planificación. También fue miembro de la Comisión Asesora Presidencial para el fortalecimiento de los principios de probidad y transparencia pública en 2003.
Uno de los jueces que apoya a Brahm resaltó al rotativo que de llegar ella a la presidencia "los integrantes de las salas cambiarán, es muy probable que ella pueda agilizar la vista de la causa de Oviedo y, además, que podrá subsanar el atochamiento de causas que hoy están en tramitación; no es posible que una sentencia demore en redactarse ocho meses".
"Hay que repensar el TC que hace cinco años recibía 148 causas y que para 2019 se proyectan 2.000 ingresos", agregó, destacando además que "ella es experta en gestión y tiene el roce político que no hemos tenido dos años".
Hasta el momento, no hay certeza de cuándo la Primera Sala analizará el fondo del requerimiento en la causa de Oviedo, que apunta a la presunta inconstitucionalidad del secreto de sumario de la investigación que lleva la jueza Rutherford, que ya no es tal, puesto que tras su procesamiento ya le dio acceso a la defensa al cuaderno sobre el uso de gastos reservados.
