Aportando 133 páginas de testimonio y antecedentes, el exministro del Interior Gonzalo Blumel (Evópoli) declaró extendidamente ante la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, en el marco de la investigación que lleva por presuntas responsabilidades de mando en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social.
Blumel, que inició el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) como ministro de la Segpres, asumió en Interior el 28 de octubre del 2019, 10 días después del inicio de la crisis, en reemplazo del UDI Andrés Chadwick, que había sido objeto de una acusación constitucional.
"El día que asumí fue un día de muchas alteraciones graves de orden público. Ese día fue de mucha violencia", recordó ante Chong: detalló que sólo esa jornada hubo 100 eventos graves y durante los 10 días que iban del estallido social se contabilizaron 1.227 hechos de ese tipo, publica hoy La Tercera.
"A marzo llegaron a ser 3.000, aproximadamente", sostuvo, cifra que da cuenta de que -afirmó- "la situación de seguridad luego del 18 de octubre estaba totalmente sobrepasada".
Sobre la relación que, como mando civil, mantenía con Carabineros y el tipo de coordinaciones que realizaba con el mando policial, explicó: "Desde una perspectiva formal la autoridad política no puede intervenir en las labores operativas policiales, pero sí puede fijar lineamientos y evaluar resultados. Hay además algunas cosas específicas, que, por la naturaleza propia de ciertas atribuciones facultades policiales, la autoridad no puede intervenir, por ejemplo, los gastos reservados, salvo respecto al monto de estos, lo que se fija en la Ley de Presupuestos".
En cuanto a las disposiciones "tácticas", expuso que, "por lo general, la autoridad planteaba objetivos en materia de orden público y posteriormente se hacían las evaluaciones", a través del comité policial, donde participaban, entre otros, el hoy general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que entonces fungía como director nacional de Orden y Seguridad.
Abordó además las coordinaciones que mantenía con el Instituto de Derechos Humanos (INDH) para llevar un registro de lesionados y permitir el ingreso del organismo a los cuarteles policiales.
A juicio de Blumel, lo sucedido en la época fue "la mayor crisis política y social desde el retorno a la democracia, la que estuvo caracterizada por masivas manifestaciones, en su mayoría pacíficas, pero también por una inédita ola de violencia hasta ese momento desconocida".
En su declaración, también formuló un emplazamiento político: "Espero que en el futuro nunca más se valide la violencia como un instrumento con fines políticos, ni tampoco se ponga en duda el legítimo monopolio de la fuerza por parte del Estado (...). También espero que no se instrumentalice la protección de los derechos humanos, que no pertenece a ningún sector político, ni ningún Gobierno".
En la causa que lleva Chong, que desde febrero del 2022 quedó a cargo de las indagatorias, figuran como imputados las autoridades de la época, desde el expresidente Piñera hasta los generales del Alto Mando de Carabineros.
