Piñera declaró como imputado en causa por delitos de lesa humanidad durante el estallido

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La fiscal Ximena Chong interrogó al expresidente en su oficina en el sector oriente de Santiago.

El exMandatario ya había declarado, hace dos años, por esta misma causa.

Piñera declaró como imputado en causa por delitos de lesa humanidad durante el estallido
 ATON / Archivo

La Corte Penal Internacional rechazó en diciembre del 2021 un requerimiento contra Piñera por supuestos delitos de lesa humanidad impulsado por el exjuez español Baltasar Garzón.

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El exPresidente Sebastián Piñera declaró este martes ante la Fiscalía, en calidad de imputado, en el marco de la investigación por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019.

Piñera prestó declaración en su oficina, ubicada en Vitacura, hasta donde se trasladó la fiscal jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong. El trámite se extendió por cerca de 10 horas y continuará la tarde de este miércoles.

"Nosotros llevamos adelante dos investigaciones: una es por delitos de lesa humanidad, que es una investigación radicada en el fiscal regional Xavier Armendáriz, que estaba antes en la Fiscalía Regional de Valparaíso. En esa investigación el expresidente tiene la calidad de imputado, toda vez que hay querellas nominativas a su respecto", detalló la fiscal Chong.

"En paralelo, nosotros llevamos una investigación -también radicada en el fiscal regional Armendáriz- relativa a responsabilidades o eventuales responsabilidades homicidas de los mandos de Carabineros; en esa investigación el expresidente no es indagado directamente, pero como se trató de una sola actuación respecto de ambas declaraciones, el presidente pudo estar con todas las garantías y los derechos propios que tiene un imputado, esto es ser asistido por sus abogados de confianza y con conocimiento de los antecedentes de la investigación", añadió. 

La declaración del exMandatario tiene lugar días después de que lo hicieran antiguas autoridades de su segundo mandato, entre ellas los exministros de Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, quienes estuvieron al mando de la seguridad pública y de las fuerzas policiales durante la ola de protestas.

Piñera, el único político de derecha que ha llegado a La Moneda desde el retorno a la democracia en 1990, ya había declarado al menos en una oportunidad hace dos años por esta misma causa, que se abrió tras la presentación de una veintena querellas por parte de organismos de derechos humanos.

"Tenemos la tranquilidad y convicción de que en el actuar del exPresidente siempre buscó compatibilizar el resguardo del orden público y seguridad ciudadana con el respeto a los derechos humanos de todos. En consecuencia, no se configura delito alguno. Por el contrario, los hechos demuestran que su actuar obedeció al correcto cumplimiento de sus funciones públicas, procurando en todo momento el resguardo de los derechos humanos, en los difíciles momentos que vivió el país. Hoy y ayer, nuevamente él ha colaborado con la investigación y lo seguirá haciendo en lo que le sea requerido", explicó el abogado Samuel Donoso, quien representa a Piñera.

Las protestas ocasionaron una treintena de muertos y miles de heridos, entre ellos decenas de mutilados oculares, y dejaron episodios de violencia extrema, con saqueos e incendios.

La ONU y organismos como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) señalaron además a Carabineros por violaciones a los derechos humanos.

"Confío en el trabajo que está realizando el Ministerio Público y espero que se haga justicia", dijo la senadora Fabiola Campillai, quien se quedó ciega luego de que un carabinero le disparara una bomba lacrimógena al rostro cuando se dirigía a trabajar durante las protestas.

Piñera ha negado reiteradamente que existiera una política sistemática y deliberada para reprimir las marchas, aunque distintas voces del antiguo Ejecutivo sí reconocieron que las fuerzas policiales cometieron abusos.

La Corte Penal Internacional rechazó en diciembre del 2021 el requerimiento contra el expresidente por supuestos delitos de lesa humanidad impulsado por el exjuez español Baltasar Garzón y distintas organizaciones de derechos humanos.

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