El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció este martes la cancelación inmediata de todos los contratos vigentes con la empresa constructora española Tapusa en las regiones de Antofagasta, O'Higgins, Ñuble y Biobío.
La medida responde a la paralización de obras fundamentales de conectividad y al incumplimiento en el pago de remuneraciones de los trabajadores.
En el Biobío, la salida de la empresa afecta proyectos clave como el paso superior Esmeralda en Concepción, el tercer tramo del eje Colón en Talcahuano y el puente Perales.
Según informó Poduje, la empresa retiró su maquinaria de las faenas y no reinició las obras tras cumplirse un plazo perentorio otorgado por el Gobierno, que venció a la medianoche de ayer.
El secretario de Estado subrayó que el Fisco no mantiene deudas pendientes con la compañía, por lo que la interrupción es atribuible exclusivamente a la constructora.
"Anoche estuvimos hasta las 12:00 de la noche esperando que Tapusa reiniciara obras. No reinició obras, como temíamos, y hemos dado la instrucción de que se cancele inmediatamente este contrato y que se ejecuten las boletas de garantía, tanto en el Biobío como en las obras que nos tienen paralizadas en Ñuble, en O'Higgins y en la Región de Antofagasta", señaló el titular del Minvu.
Incumplimientos laborales
La situación ha dejado en la vulnerabilidad a 400 trabajadores directos y más de 1.000 indirectos. Jocelyn Bustamante, una de las afectadas, denunció que se encuentran sin sueldo desde abril y que la empresa no les ha entregado la documentación necesaria para acceder al seguro de cesantía, sumiéndolos en una incertidumbre económica.
"No nos dan ninguna respuesta concreta de lo que va a pasar, de qué va a suceder. No tenemos ningún tipo de documentación al día que nos pueda acreditar algo para poder adherirnos al seguro de cesantía. Tapusa no nos da ningún tipo de respuesta", lamentó.
Para mitigar el impacto, Poduje anticipó que "se están cursando las boletas de garantía" y detalló que solicitó una reunión con la Contraloría General de la República para "acelerar la toma de razón del término de contrato a esta empresa que le ha generado un daño enorme a 400 trabajadores directos y a más de 1.000 trabajadores indirectos".