Las contraórdenes de detención no suman 16.000, como se dijo originalmente.
El juez Milton Juica explicó que se repiten oficios, lo que disminuyó la cifra.
Tribunales siguen indagando la red que involucraba a ex detectives.
El ministro Sergio Muñoz, juez coordinador de los 17 jueces de las cortes de apelaciones de todo el país que están analizando las posibles inconsistencias de órdenes y contraordenes de detención, dijo en un preinforme que en los documentos hay muchas repeticiones en la Región Metropolitana, por lo que su número final se reduce.
Así lo manifestó el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, quien de todas formas enfatizó que no son tantos casos como se había informado en un principio, con una cifra cercana a los 16.000 oficios.
"Se ha informado que no se ha cumplido adecuadamente ese auto acordado que disponía una forma de control respecto de las contraordenes, no en todas, pero en algunos aparece que sí. Son importantes, pero no en la cantidad que se había informado inicialmente, es importante para nosotros de todas maneras que existan casos", dijo.
Las causas del escándalo serían, según el vocero del máximo tribunal, que no hay un formulario único para que los tribunales, el Ministerio Público, Gendarmería, las policías y el Servicio Nacional de Menores extiendan las órdenes y contraordenes respecto a un imputado.
Además, Muñoz manifestó que la investigación a nivel nacional será realizada durante el mes de diciembre, puesto que recién llegaron a sus manos los informes de las otras instituciones involucradas.
"La etapa en que está la investigación a nivel nacional, se refiere a la recopilación de los datos o banco de datos que cada uno a de las instituciones puso a disposición del tribunal, en estos momentos está en una etapa de vaciado en un programa para los efectos de establecer si existen inconsistencias o no existen inconsistencias y la cantidad de casos en que ellos se va a producir", afirmó.
El ministro Mario Carroza develó hace un tiempo 16.000 casos de contraordenes en el marco de la investigación del Centro de Justicia y de los juzgados de garantía capitalinos por una red de corrupción integrada por funcionarios judiciales y detectives.
"El Robo del siglo"
El vocero de la Corte Suprema también se manifestó sobre el caso de Trevor Oyarzún -ex jefe de la Brigada de Robos Metropolitana (Brirom)- y Jorge Sánchez -comisario activo de la PDI-, acusados de quedarse con 40 millones de pesos de los 100 incautados a uno de los delincuentes que participó en el atraco al Brink's, y declaró que se están tomando todas las medidas judiciales correspondientes.
"Todo acto de corrupción es preocupante, pero también tenemos que estar tranquilos porque se están adoptando todas las medidas procesales para fines de sancionar todo este tipo de conductas", afirmó.
