El director de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, abogó en Cooperativa por transparentar la información financiera de funcionarios públicos, dada la investigación en contra del exfiscal Vinko Fodich y tres efectivos de la PDI, por su presunto vínculo con una banda dedicada a la comisión de secuestros extorsivos.
Según planteó en Lo Que Queda del Día, "los funcionarios públicos deberían tener el acceso a toda su información financiera totalmente abierta, para prevenir riesgos de cohecho y en eso, Chile está bastante en pañales, particularmente en las instituciones de seguridad pública".
"Mucha de la información, con la excusa de que podría ser mal usada por personas que están cometiendo delitos, se tiende a no dar, y la verdad es que está totalmente demostrado que eso no es un problema: la mayoría de los países más desarrollados hoy en día tienen sistemas de transparencia, que muestran cuáles son los desempeños de sus policías, y eso no ha generado problemas reales de mayor riesgo para las instituciones", aseveró el experto en seguridad.
Johnson recomendó aplicar este esquema en el marco de una "transparencia absoluta de las instituciones públicas y las acciones de sus funcionarios. El desempeño hay que evaluarlo; tener indicadores bien establecidos en municipios, policías, el Ministerio Público y en el Ejecutivo también, es lo que permite trazabilidad de las acciones".
Con todo, precisó que se requiere "transparencia institucional, de las acciones, de por qué se da cada permiso, de cómo terminan las investigaciones, pero también de los funcionarios públicos, de la información particular y financiera de ellos".
Dicho esto, Johnson aclaró: "No encontramos que haya un vínculo entre el resultado de la investigación penal y el (levantamiento administrativo del) secreto bancario. Hoy en día, la Unidad de Análisis Financiero recibe información de transacciones sospechosas de parte de todas las instituciones financieras (...), y eso se hace incluso sin tener abierto el secreto bancario".
"El problema es que la UAF nunca va a tener la capacidad de investigar todo lo que está recibiendo, y los casos que manda la Fiscalía porque tiene sospecha de que realmente hay un problema para pedir la apertura del secreto bancario son extremadamente bajos, y cuando lo pide, se le da la instrucción muy rápidamente. O sea, no es que ralentice realmente la acción que la UAF pueda hacer", aseveró.
Con todo, "tenemos un cuello de botella en la capacidad de investigación que tienen para dar con organizaciones que puedan estar haciendo transacciones ilegales. Si tuviéramos todo transparentado, tendríamos más transacciones visibles, pero si no aumentamos la capacidad de investigar cada una de las transacciones sospechosas, no va a mejorar el desempeño de la persecución penal. En cambio, sí en funcionarios públicos, porque es (un universo) mucho más acotado".
