La sustancia ilícita ingresó a territorio nacional a través de pasos fronterizos no habilitados en la zona norte.
El operativo concluyó con la captura de ocho individuos vinculados a la organización delictual.
Las autoridades puntualizaron que el cargamento “estaba destinado a la comuna de Puente Alto”.
El departamento especializado OS-7 de Carabineros logró la incautación de 1.258 kilos de marihuana boliviana y la detención de ocho personas tras concretar dos operativos paralelos en Santiago.
El cargamento ilícito estaba siendo internado en la Región Metropolitana con el objetivo de ser comercializado en distintas comunas del sector sur de la capital en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.
Las pesquisas establecieron que la droga ingresó al país por pasos fronterizos no habilitados desde Bolivia, sin descartar que ambos procedimientos mantengan una relación directa entre sí.
Del total de aprehendidos, se confirmó que corresponden a un ciudadano chileno y a siete personas de nacionalidad colombiana, quienes serán puestos a disposición de la justicia para ser formalizados este jueves por infracción a la Ley de Drogas.
Las diligencias fueron encabezadas por la fiscalía regional de Tarapacá en coordinación con la policía uniformada, logrando realizar un seguimiento controlado a los cargamentos desde el norte del país hacia la zona central.
Respecto a la dinámica del procedimiento y el destino de la sustancia, la fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena, detalló que "la droga efectivamente ingresa desde Bolivia, es marihuana boliviana. Teníamos en este caso una entrega controlada, OS-7 había trabajado hace bastante tiempo en esto".
"Sabíamos que los que dirigían toda esta operación eran de origen colombiano. Sabíamos también que se dirigían a esta ciudad. El procedimiento de vigilancia comienza el día 12 (de septiembre) aproximadamente y estaba destinado a la comuna de Puente Alto, donde además se hizo entrada y registro para ubicar la droga", precisó la persecutora.
Los antecedentes del caso y las evidencias decomisadas quedaron en manos del Ministerio Público para sostener las imputaciones correspondientes en el tribunal de garantía.
