El proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para ampliar el plazo máximo legal de flagrancia quedó en condiciones de ser votado y ratificado por las Salas del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados, tras alcanzarse un acuerdo transversal en el marco de la comisión mixta encargada de zanjar las discrepancias parlamentarias.
La iniciativa, considerada una pieza clave dentro de la agenda de seguridad priorizada por el Gobierno y el Congreso, busca entregar herramientas más eficaces a las policías durante las etapas iniciales de la investigación penal.
El presidente de la comisión mixta, el senador Pedro Araya (PPD), hizo hincapié en la necesidad de robustecer las diligencias tempranas sin depender de trámites que ralenticen el esclarecimiento de los hechos delictuales.
"Al aumentar el plazo de flagrancia, se permite que la policía pueda tener un mayor margen de actuación para poder identificar a quién cometió un delito, poder recoger pruebas, entre otras cosas", destacó el legislador.
El Congreso dejó listo para su votación en Sala el proyecto que modifica el Código Procesal Penal. (FOTO: ATON)
En esta línea, aseguró que "lo más importante es que se va a autorizar a que el Ministerio Público, mediante instrucciones generales, pueda permitir que la policía realice una serie de diligencias en materia investigación, que son fundamentales las primeras horas para esclarecer los delitos".
"La flagrancia se aumenta a un plazo 24 horas, lo que le da una mayor posibilidad a las policías de poder identificar a la persona que cometió el delito", detalló Araya.
Regla general de 24 horas y extensión especial de 48 horas para la Policía Marítima
Por su parte, el senador Andrés Longton (RN) valoró el consenso alcanzado en torno a las diligencias policiales autónomas guiadas por instrucciones previas de la Fiscalía, advirtiendo sobre el riesgo procesal que conllevaba la normativa anterior.
Según cuestionó el legislador, "hoy (las pruebas) se demoran más de la cuenta y tienen riesgo de desaparecer, perderse o bien ocultarse, si es que no se recaban inmediatamente, particularmente cuando hay flagrancia".
"Establecimos que en todos los delitos va a quedar un plazo de flagrancia de 24 horas, y, excepcionalmente, en el caso de la policía marítima, va a quedar de 48 horas", explicó Longton, destacando las razones geográficas y logísticas que fundamentan dicha excepción.
Andrés Longton remarcó que las evidencias "tienen riesgo de desaparecer, perderse o bien ocultarse" si no se levantan de inmediato. (FOTO: ATON)
"El traslado de ellos, particularmente cuando visualizan y tienen que hacerse cargo de determinados delitos, la distancia y el trayecto que tienen que recorrer es más largo que el que se podría hacer en tierra firme. Por eso nos han señalado la preocupación respecto a que muchas veces las embarcaciones que tienen que trasladarse de región en región para hacer una determinada persecución", puntualizó.
Con este paso legislativo, el texto legal deberá ser ratificado de manera definitiva por ambas cámaras para convertirse en ley de la República.
