La diputada Francesca Muñoz (Partido Cristiano de Chile) impulsa, en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja, un proyecto de ley que prohíbe por 10 años el acceso a beneficios habitacionales a quienes sean sentenciados por delitos de usurpación.
La medida modifica la Ley N°16.391 para impedir que infractores de tomas ilegales utilicen recursos públicos habitacionales, asegurando que la prioridad del sistema recaiga en las familias que cumplen con los conductos regulares y años de ahorro.
El articulado establece un marco punitivo claro: una vez que la sentencia judicial esté ejecutoriada, el responsable quedará inhabilitado de cualquier programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
En caso de que el sujeto vuelva a incurrir en delitos de ocupación de terrenos o propiedades, la prohibición sumará un lustro adicional, alcanzando los 15 años de veto.
Francesca Muñoz en el Congreso. (Foto: ATON)
Al respecto, Muñoz enfatizó que "el Estado debe estar del lado de las familias que cumplen las reglas y no de quienes las vulneran. Hay miles de chilenos que llevan años esperando una vivienda, reuniendo antecedentes, postulando y siguiendo todos los procedimientos establecidos".
"No es justo que quienes optan por la usurpación de terrenos o viviendas pretendan acceder a los mismos beneficios que quienes han actuado dentro de la ley", puntualizó.
Actualmente, la propuesta se mantiene en su fase de discusión dentro de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, buscando su despacho a la sala para su votación general.
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