La oposición reconoció esta jornada el "pequeño triunfo" del Gobierno por haber logrado despachar la megarreforma, pero también manifestó su esperanza en que el Tribunal Constitucional (TC) apruebe los tres requerimientos que ingresó para impugnar la invariabilidad tributaria y la indemnización estatal a empresas a las que se revoque la resolución ambiental de un proyecto de inversión.
Las tres solicitudes, ya declaradas admisibles de forma unánime por el TC y que las comenzó a tramitar, son la última ofensiva de la centroizquierda en contra del proyecto estrella del Ejecutivo.
En este contexto, durante esta mañana se desarrolló una reunión entre las directivas regionales del PPD, PS, PC, PL y de la DC, en la que -además de abordar la articulación opositora ante el debate en materia laboral y de seguridad- se refirieron a la megarreforma.
"Queremos cerrar la etapa de la megarreforma tributaria donde, si bien el Gobierno obtuvo un pequeño triunfo -ya que logró una mayoría parlamentaria circunstancial, pero que creemos es frágil-, tenemos la esperanza puesta en el TC, que ya acogió a tramitación y declaró admisible los tres requerimientos que presentamos tanto por la Cámara como por el Senado", dijo el timonel PPD, Raúl Soto.
"Estamos convencidos que en la etapa que viene, donde se va a escuchar además a distintas organizaciones y expertos, el TC se va a formar la convicción de que nosotros tenemos los argumentos suficientemente sólidos y robustos para que se declaren inconstitucionales aspectos tributarios y medioambientales de esta megarreforma", manifestó.
El miércoles 12 de agosto, el Tribunal Constitucional convocará a una audiencia pública donde se escucharán los argumentos a favor y en contra de los tres requerimientos opositores.
Diputado Leiva (PS): "Sentíamos que era importante el olvido financiero"
Ese mismo día también se espera que el Gobierno presente los vetos presidenciales contra tres normas que fueron incluidas por la centroizquierda y aprobadas en el Parlamento: la prohibición del anatocismo (el cobro de intereses sobre intereses), el derecho al olvido financiero y el pago a 30 días para las pymes.
En El Diario de Cooperativa, el diputado PS Raúl Leiva lamentó que el sector no tiene "en la Cámara Alta y en la de Diputados los dos tercios para insistir".
"Nosotros sentíamos que era muy importante el olvido financiero, (en términos de) dar la posibilidad a las personas que sean capaces de reemprender de 'limpiar' sus antecedentes económicos luego de un tiempo razonable", expresó.
Sin embarto, seguirá "ese histórico que sigue dando vueltas de más de 10 o 20 años para poder volver a solicitar créditos, comprar una vivienda o capital de trabajo para poder emprender un desarrollo económico", fustigó.
