"Es incapaz de desarrollar con precisión cómo y de qué forma habría comprometido el honor y seguridad de la nación", argumentó su abogado defensor en un documento de 22 páginas.
La comisión revisora de la Cámara Baja sesionará el próximo lunes.
La defensa del ex canciller Andrés Allamand respondió a la acusación constitucional interpuesta en su contra la semana pasada por diputados del Partido de la Gente, junto a Pamela Jiles (ex PH), y expresó que el libelo es "jurídicamente forzado, incapaz de desarrollar con precisión cómo se habría comprometido el honor y seguridad de la nación".
La acusación se basa en un presunto abandono de deberes por parte del ex ministro de Relaciones Exteriores, pues previo a su renuncia y en plena crisis migratoria en el norte del país, viajó a España para preparar su arribo a la Secretaría General de Iberoamérica, en febrero pasado.
Esta semana se sortearon a los parlamentarios que serán parte de la comisión revisora de esta acusación constitucional, resultando elegidos los diputados Cristián Labbé (UDI), Andrés Celis (RN), Catalina Pérez (RD), Jaime Araya (Ind-PPD) y Jorge Brito (RD).
En las últimas horas, en tanto, el abogado defensor de Allamand Samuel Donoso respondió a la acusación constitucional a través de un escrito de 22 páginas, quien remitió el documento a la comisión revisora del libelo, según reveló El Mercurio.
La defensa alertó sobre "la confusión en que incurren los acusadores", la que cree "es grave: Lo que realmente reprochan a mi representado es un supuesto abandono de los deberes del cargo de ministro de Relaciones Exteriores, fundado en el hecho de 'no retornar al país' durante la primera semana de febrero de 2022 o en su posterior renuncia al cargo de ministro. Sin embargo, dicha causal no se encuentra establecida en la CPR respecto de los ministros de Estado, viéndose los acusadores en la necesidad de recurrir artificiosamente a un argumento diverso para justificar su pretensión, invocando una causal que en ningún caso cumple respecto de mi representado".
Además, expresó estar "ante un libelo jurídicamente forzado, incapaz de desarrollar con precisión -más allá de extensas citas genéricas de doctrina- cómo y de qué forma, don Andrés Allamand habría comprometido el honor y seguridad de la nación, pese a lo cual se pretende la aplicación de una sanción gravísima a un ciudadano con más de 30 años de su vida dedicados al servicio público".
Entre los argumentos para rechazar el libelo, apuntó que "la acusación constitucional es una mecanismo de fiscalización jurídica de la Cámara y, por lo mismo, únicamente podrá ser acogida si el acusado incurrió en una infracción o incorrección de tipo jurídico, no moral ni político".
Por otro lado, se da cuenta de la subrogancia de Cancillería mientras el ex ministro "fue autorizado, mediante un acto administrativo formal previamente tramitado, para hacer uso de su feriado legal entre los días 31 de enero de 2022 y 11 de febrero de 2022".
El documento ya fue enviado a la Cámara Baja, sin embargo, recién este lunes se dará cuenta de la recepción de la contestación, cuando se lleve a cabo la próxima sesión de la comisión revisora, quienes espera votar pronto su procedencia.
