Avanzan dos articulados claves en la Convención: Sistema de Pensiones y el Derecho a la Salud

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Autor: Cooperativa.cl

La Comisión de Derechos Fundamentales aprobó, en particular, el texto que busca garantizar "el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad y unidad".

"La creación de un Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado", también es parte de lo que ahora deberá ser votado en el Pleno.

Fueron rechazadas una serie de indicaciones planteadas por convencionales de la derecha que buscaban: libertad de elegir la institución que administre los ahorros, que este dinero pueda ser heredado y que el Estado no lo podrá expropiar.

Avanzan dos articulados claves en la Convención: Sistema de Pensiones y el Derecho a la Salud
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La Comisión de Derechos Fundamentales aprobó este viernes -en particular- el articulado que se refiere a seguridad social y sistema de pensiones, que apunta a garantizar que toda persona tenga "el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de la universalidad, la solidaridad y la unidad".

Respecto a seguridad social, se aprobó que será financiada por trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación, y los recursos no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema.

El texto aprobado estipuló también que la ley establecerá un sistema de seguridad social público, lo que indica que no se definirá en la Constitución sino que quedará en manos de la ley implementarlo.

Tampoco se menciona que deba existir solo un sistema de seguridad pública, lo que deja abierta la opción de que existan otras alternativas.

Además, garantizará un sistema de pensiones que establezca prestaciones definidas, oportunas y suficientes, que den certeza respecto del monto recibido, mientras que se incluye que este sistema asegurará la cobertura de prestaciones de las personas que realicen trabajos domésticos y de cuidados.

Estos puntos, que fueron aprobados en particular, pasarán ahora al Pleno del órgano constituyente para ser votados y, en caso de obtener los sufragios necesarios, pasar al borrador de la nueva Carta Fundamental.

INDICACIONES DE LA DERECHA FUERON RECHAZADAS

El debate por este articulado dejó marcadas diferencias al interior de la comisión, dado que fueron rechazadas una serie de indicaciones planteadas por convencionales de la derecha que buscaban que: las personas tuvieran la libertad de elegir la institución que administre sus ahorros, que quedara explícito que este dinero pueda ser heredado y que el Estado no lo podrá expropiar.

"No importa que los convencionales juren de guata aquí que no van a estatizar los ahorros, lo único que importa es que la Constitución establezca claramente que ni este Gobierno ni ningún gobierno futuro va a poder desplumar a los trabajadores, y eso no está establecido", detalló Bernardo Fontaine (independiente-Evópoli).

En respuesta a esto, su par socialista César Valenzuela señaló que "hemos considerado que es absolutamente innecesario, porque dejar una norma de esa naturaleza es tan absurda como si la Constitución Política tuviese que decirle que el sillón que tiene en su casa, el televisor que tiene en su casa o el celular que tiene en el bolsillo suyo".

"Hay una norma de propiedad que ya está aprobada, que es parte del borrador de nueva Constitución y que reconoce expresamente el derecho de propiedad en sus diversas especies y sobre toda clase de bienes. Por lo tanto, es parte ya del patrimonio de las personas", puntualizó el constituyente.

AVANCES EN EL ARTICULADO SOBRE EL DERECHO A LA SALUD

La Comisión de Derechos Fundamentales, por otra parte, votó el articulado relacionado con el Derecho a la Salud, aprobando en particular la creación de un Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado.

El texto establece que podrán existir seguros privados voluntarios, los que en ningún caso podrán sustituir o duplicar el rol del Estado. "Ninguna persona habrá de recurrir en un gasto catastrófico de salud", puntualiza.

Además, se menciona que "corresponderá exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, la supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas".

Respecto del financiamiento, se establece que será a través de rentas generales de la nación y que "la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadores y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento del sistema".

Se destaca también en el escrito que "los prestadores privados, integrados al Sistema Universal de Salud, no podrán perseguir fines de lucro", mientras que "la ley establecerá los requisitos y procedimientos para su integración y funcionamiento".

Con esto, las Isapres podrían seguir existiendo pero no como en la actualidad, dado que tendrían la posibilidad de ofrecer un seguro privado complementario, pero en ningún caso sustituir o duplicar el rol del Estado.

El constituyente Gaspar Domínguez, integrante de la comisión y vicepresidente de la Convención, explicó que "en el diseño que hemos propuesto se ha dejado abierta la posibilidad de que existan seguros privados, y en ese sentido se considera factible que sigan existiendo las isapres".

"Ahora, establece que las cotizaciones obligatorias de salud recaigan todas en su seguro en el mismo órgano que las administraría, y ya no existiría, según esta propuesta, un organismo tipo Isapre que reciba las cotizaciones de un grupo y uno tipo Fonasa que reciba las de otro grupo, sino más bien que todas las cotizaciones lleguen al mismo fondo", complementó el médico de profesión.

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