La norma, aprobada en comisión, consagra el deber del Estado de garantizar el recurso hídrico "para las actuales y futuras generaciones", de forma "suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible".
Ahora deberá ser ratificada por dos tercios del órgano redactor para quedar plasmada en el borrador de la nueva Carta Fundamental.
Aprobado y va ahora al pleno:
— Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) April 9, 2022
“La Constitución garantiza a todas las personas el derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizar estos derechos para las actuales y futuras generaciones.”@Cooperativa
La Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional aprobó este viernes -en particular- la norma que consagra el derecho humano al agua y al saneamiento.
En específico, se trata del artículo 49 del segundo informe del comité, que establece en su primer inciso: "La Constitución garantiza a todas las personas el derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizar estos derechos para las actuales y futuras generaciones".
La propuesta deberá alcanzar los dos tercios (103 escaños) en el Pleno de la Convención para quedar definitivamente plasmada en el borrador de la nueva Carta Fundamental que se plebiscitará este año.
De acuerdo con la norma aprobada hoy, será deber del Estado velar "por la satisfacción de este derecho atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos".
Además, "este derecho deberá satisfacerse preferentemente a partir de fuentes de aguas terrestres", indica el artículo.
Chile es el país con la mayor crisis hídrica de todo el hemisferio occidental y el 76 por ciento de su territorio está afectado por la falta de agua, según Greenpeace.
Los expertos lo achacan a la escasez de lluvias -en 2021 se registró el cuarto año más seco desde que se tienen registros- pero también al régimen de propiedad de agua, que no está priorizado para consumo humano y se encuentra en un 80 por ciento en manos privadas, principalmente de grandes empresas agrícolas, mineras y de energía.
