Tras ser despachada ayer en el Congreso y ante la ola de hechos violentos, este jueves el Presidente Sebastián Piñera promulgó la nueva Ley de Control de Armas en un evento que se realizó en el Centro Depositario de Armas de Carabineros, en Independencia.
"Estamos plenamente conscientes que en los últimos tiempos han ocurrido homicidios y delitos de gran violencia, de gran brutalidad, que han sido protagonizados por bandas de crimen organizado asociadas al narcotráfico y que utilizan armamento con alto poder de fuego", sostuvo el Presidente.
Siguió diciendo que "sin duda la violencia, el narcotráfico y las armas de fuego, son un peligro, una amenaza grave y afectan significativamente la libertad, la seguridad y la tranquilidad de nuestras familias".
Además añadió que "va a mejorar la seguridad y la tranquilidad de todas las familias, porque esta ley va a permitir fortalecer el control de las armas de fuego y, también, de las condiciones. Y, en consecuencia, permitir que las familias puedan vivir con mayor libertad y con mayor tranquilidad''.
En el acto de promulgación estuvieron presentes los ministros del Interior, Rodrigo Delgado; de Defensa, Baldo Prokurica; y de Justicia, Hernán Larraín. Además, el director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, y el general director subrogante de Carabineros, Marcelo Araya.
LA LEY
La nueva normativa incorpora una serie de modificaciones que hacen más estricta la legislación en materia de posesión, tráfico y utilización de armas de fuego.
Dentro de los cambios a la Ley N°17.798 está la inclusión expresa de las armas adaptadas, de fogueo o juguete y de silenciadores como elementos prohibidos. Su uso, tráfico y venta está totalmente regulado y debe ser debidamente registrado.
De igual manera y para tener un mejor control, se anotarán los nombres de quienes adquieran o realicen transferencias de armas, así como si se realiza una internación de armas desde el extranjero.
Además, se prohibirá tener armas de cualquier largo y calibre que sean automáticas.
Sumado a esto, se contempla que queden bajo control estatal las instalaciones donde se fabriquen, armen, reparen o tengan cualquier vínculo con armas.
Existirá un análisis de trazabilidad para conocer el efecto del disparo de los proyectiles cuando se inscriba por primera vez un arma en la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN). Este registro deberá estar disponible para las policías, permitiendo hacer un mejor seguimiento al armamento y reforzar el trabajo investigativo ante eventuales delitos.
Respecto a las sanciones, la venta de municiones a personas no autorizadas pasa a ser delito. También, las penas por entregar armas a menores de edad aumentan a 541 días hasta 5 años de presidio y se crea el delito de adulteración, alteración o destrucción del sistema de trazabilidad de las armas.
La Ley promulgada también incorpora a la PDI como un organismo fiscalizador, robusteciendo el equipo encargado de velar por el correcto uso de las armas en nuestro país.
