Jorge Abbott relativizó la incidencia de la recalificación de las querellas por Ley Antiterrorista.
Reivindicó que los hechos investigados "se encuadran perfectamente" en ésta.
Abbott dijo que no le corresponde opinar sobre el cambio de la calificación de las querellas del Gobierno.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, restó gravedad -en lo que respecta al trabajo de la Justicia- a las tensiones políticas que han provocado en el Gobierno los recientes atentados incendiarios en el sur, junto con la huelga de hambre de comuneros mapuche.
Abbott señaló que "el Gobierno es un interviniente más" en los casos judiciales de violencia rural en el sur, por lo que su decisión de modificar la calificación de las querellas por Ley Antiterrorista contra los huelguistas influye sólo de forma acotada en los procesos.
"Las decisiones que tomen los demás intervinientes no corresponde que el Ministerio Público las comente. Nosotros tenemos una convicción, hemos acusado en base a esa convicción y la mantenemos", dijo Abbott respecto al denominado "caso iglesias".
"Entendemos que las conductas que estamos imputando a las cuatro personas que están detenidas se encuadran perfectamente en una ley vigente en Chile: la Ley Antiterrorista. En consecuencia, seguiremos adelante hasta el final sosteniendo dicha calificación, y estaremos por que el tribunal también comparta nuestra apreciación", remató Abbott.
En el Ministerio Público hay una convicción de que se han cometido actos terroristas, mientras La Moneda busca que se le quite esta connotación a las acusaciones y que se atenúen las medidas cautelares contra los cuatro comuneros.
"En lo político esto tiene un riesgo para el Gobierno"
En un caso donde se cruza lo judicial con lo jurídico, incluyendo el impasse que hizo dudar, durante los últimos días, de la continuidad del subsecretario Mahmud Aleuy, a propósito del manejo del Gobierno frente a estos hechos, el abogado abogado y ex subsecretario del Interior Jorge Correa Sutil reflexionó: "¿Me pregunta si esto puede terminar de la misma manera? Efectivamente".
Indicó que "la calificación del delito nunca le ha correspondido al Gobierno, le corresponde a los Tribunales de Justicia y le corresponde al Ministerio Público sostener o no sostener una tesis en la medida que el Ministerio Público se mantiene a firme y logra convencer al tribunal de esa tesis, y tiene fundamentos para hacerlo".
"No quiero decirle que vaya necesariamente a ganar esa tesis del Ministerio Público, pero el deber de un persecutor penal es invocar la legislación de la cual ha llegado a la convicción y acá hay elementos para llegar a la convicción de que estamos ante un delito terrorista", añadió.
Mientras que el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, manifestó que "en lo político esto tiene un riesgo para el Gobierno y la medida y la decisión que en su momento se tomó, uno supone que los que la tomaron tuvieron algunos elementos para haberlo hecho".
"Lo que pasa es que todo este hecho o esta situación nunca debió haber producido. Los ministros sectoriales, como el ministro (Marcos) Barraza, no deben ser opinólogos. Deben ser ministros sectoriales que hacen su tarea", recalcó.
PDI: "No somos el jamón de ningún sándwich"
Ante las discrepancias entre el Gobierno y el Ministerio Público, el director de la PDI, Héctor Espinoza, sostuvo que "nosotros no somos el jamón de ningún sándwich, somos una institución profesional que investigamos los delitos".
"Respecto a la tipificación, no nos corresponde a nosotros. Son los tribunales y la Fiscalía la que tipifica los delitos. Hemos puestos todos nuestros medios a disposición de esta zona y de cualquier parte del país donde se requiera la presencia de la PDI", indicó.
