La Contraloría General de la República se pronunció a raíz de una denuncia de un ex trabajador de la Gobernación Provincial de Copiapó, quién acusó que había laborado en la repartición por alrededor de nueve meses sin recibir sueldo alguno e indicó haber sufrido discrimación racial por ser extranjero.
El organismo contralor señaló en el dictamen que, a raíz de los antecedentes aportados por el denunciante Elías Zambrano, como correos, fotografías, mensajes de WhatsApp, "es posible establecer de manera fehaciente que éste sí prestó servicios para dicha repartición".
Se establece un plazo de 20 días hábiles para el pago de servicios que prestó y además se indica que se deberá adoptar "un procedimiento disciplinario destinado a establecer responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados", para el cual estableció un plazo de 15 días hábiles, tras los cuales se deberá informar a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República.
Cooperativa consultó con el gobernador Manuel Corrales dicha situación y declinó referirse al caso.
Elías Zambrano en cambio enfatizó que "esto me da la razón (…) pude demostrar la veracidad de los hechos. Me siento muy contento con la justicia chilena".
Para Zambrano, el principal culpable en este caso es el propio gobernador: "Siendo abogado, siendo autoridad, conocedor de las leyes, incurrió en varios delitos".
