Empresa constructora denunció en Contraloría al Servicio de Salud Aysén por hospital de Cochrane
Acusa una eventual actuación irregular de funcionarios durante la ejecución del contrato de reposición del centro asistencial.
Autoridades comunales y provinciales manifestaron su preocupación por una posible nueva demora en la entrega del Hospital.
En enero el Servicio de Salud Aysén anunció que el hospital no podía ser entregado por problemas de climatización
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La empresa constructora Besalco S.A., denunció ante la Contraloría General de la República al Servicio de Salud Aysén por una eventual actuación irregular de funcionarios durante la ejecución del contrato "Reposición del Hospital de Cochrane", financiado por el Consejo Regional de Aysén con recursos del Fondo de Desarrollo Regional.
La nueva acción legal torna más complejo el panorama del nuevo recinto asistencial, luego de que, en el mes de enero, el Servicio de Salud anunció la demora en la entrega debido a problemas con el sistema de ventilación.
"Creo que el Gobierno y sus autoridades de Salud fueron poco diligentes y pasivos para resolver, por lo que hoy se ven expuesto a una denuncia por irregularidades ante la Contraloría General y esperamos no se trasladen a los tribunales de justicia, porque quien pierde en definitiva es nuestra comunidad", indicó el consejero regional Jorge Abello (DC).
"Creo que esos son los caminos que menos le convienen a la comunidad", opinó Carlos Campos (UDI), consejero de la provincia de Capitán Prat, quien agregó que "el alcalde, el gobernador, también están expresando su preocupación frente a este tema. El hospital tiene que ser entregado y tiene que haber un diálogo entre la empresa y el Servicio de Salud Aysén y eso no está sucediendo".
Los consejeros regionales indicaron que lo que hoy ocurre con la denuncia de la empresa Besalco, se suma a otros episodios que demostrarían problemas de administración, como la fallida firma del convenio de programación de Salud, el nuevo retraso para la licitación del hospital de Chile Chico, la no ejecución del Programa Radar para prevenir suicidios juveniles financiado por el CORE y el retraso en los procesos administrativos de Reposición de Postas.