El ex ministro de Medio Ambiente durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, Marcelo Mena, mira con desconfianza la reciente decisión del Consejo de Ministros del Gobierno saliente de Sebastián Piñera de aprobar la creación del Área Marina Archipiélago de Humboldt, cuyas 236.000 hectáreas incorporan el borde costero de La Higuera, en la Región de Coquimbo, mas no las islas de la zona ni la costa atacameña.
"Que se apruebe un área protegida es bueno; las condiciones en las cuales se da son malas: cuatro años después de que lo hicimos nosotros y solamente a través de 'Pandora Papers', con poca transparencia y poca participación, lo que hace que una buena noticia sea tomada con desconfianza por parte de la comunidad local y los gobernadores de Coquimbo y Atacama", dijo el ingeniero civil bioquímico a Lo Que Queda del Día de Cooperativa.
"La duda es si este proyecto va a ser compatible con la actividad portuaria", indicó el también director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y experto en contaminación atmosférica.
Aunque todavía se desconoce si el decreto impediría grandes proyectos de inversión, sí contemplaría la zona donde se ubicaría el polémico megaproyecto Dominga, una mina de la compañía chilena Iron Andes que prevé una inversión de 2.500 millones de dólares para extraer minerales durante 22 años.
Este proyecto, que ya arrastra una década de controversias ambientales por su cercanía a una reserva natural única en el mundo, volvió hace dos meses nuevamente al ojo del huracán por haber sido presuntamente vendido por la familia Piñera en las Islas Vírgenes Británicas.
Según reveló a inicios de octubre un reportaje del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), los Piñera eran los principales accionistas de Dominga hasta que en 2010 la adquirió el empresario y amigo del Mandatario, Carlos Alberto "Choclo" Delano, por 152 millones de dólares, 138 de los cuales se negociaron en el paraíso fiscal.
La investigación, que en Chile lideraron Ciper y Labot, difundió una controvertida cláusula del contrato de la venta por la que se supeditaba el último pago a "que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la mina".
La determinación adoptada el miércoles por el Consejo de Ministros también llamó la atención porque se aprueba a días del comparendo de conciliación citado por la Corte Suprema para el 12 de enero, cuando abordará los alegatos de recursos de casación contra la decisión del Primer Tribunal Ambiental de retrotraer la votación de Dominga a la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo.
"Lo que deja esta aprobación es que se va a dejar en una resolución exenta, no sometida a la Contraloría ni a nadie más, qué tipo de actividades se permiten y, por lo tanto, es una cosa muy lábil. Lo que debería quedar explícitamente es que se excluya cualquier actividad extractiva, minera o portuaria, como Dominga, para dar tranquilidad a la comunidad de que esto va a ser realmente para proteger la zona y no para blanquear algo y cumplir un trámite por los Pandora Papers", subrayó Mena.
Más temprano este viernes, la gobernadora de Coquimbo, Krist Naranjo, acusó que el Consejo de Ministros tomó la decisión "a espaldas de la comunidad y del Gobierno Regional", mientras que su par de Atacama, Miguel Vargas, calificó como "inconsulta" la resolución, que excluyó al sector de Chañaral de Aceituno.
"Éste es el primer paso para seguir protegiendo el área, no es ninguna limitación", defendió el actual ministro del Medio Ambiente, Javier Naranjo.
