Reacciones divididas tanto en el mundo político como en la ciudadanía dejó la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo, que este miércoles aprobó con condiciones el polémico proyecto minero portuario Dominga, rechazado por la misma instancia en 2017 en el entonces Gobierno de Michelle Bachelet, situación que derivó en una larga pugna judicial.
La iniciativa de Andes Iron, empresa ligada a la familia de Carlos Alberto "Choclo" Délano, pretende construir una mina de hierro y cobre, además de un puerto en la Región de Coquimbo, en la comuna costera de La Higuera.
El Tribunal Ambiental de Antofagasta determinó el 16 de abril pasado que la propuesta volviera a ser revisada y votada en el Coeva tras acoger la reclamación que había interpuesto Andes Iron en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Dicho dictamen ordenó "retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa posterior al Informe Consolidado de Evaluación Ambiental, de manera tal que se proceda a una nueva votación –esta vez ajustada a derecho- de parte de la Coeva, de la Región de Coquimbo": ésta tuvo este miércoles 11 votos a favor de Dominga y sólo uno en contra.
"Es una muy mala noticia para nuestra región", fustigó la senadora Adriana Muñoz (PPD), quien acusó que "es un proyecto que está teñido de tráfico de influencias, se supo esta situación muchos años atrás".
"Por cierto han influido presiones políticas y económicas en la decisión que autoridades del Gobierno del Presidente Piñera han tomado en los últimos meses de este Gobierno", apuntó también la ex presidenta del Senado.
A su vez, el diputado comunista Daniel Núñez advirtió que "vamos a buscar todas las vías legales para seguir oponiéndonos a este proyecto altamente contaminantes".
"Y por supuesto vamos a recurrir a la presión social, a la movilización ciudadana e incluso a la denuncia a instancias internacionales", anticipó el legislador, representante de la zona.
DIPUTADOS DE LA DERECHA APOYAN APROBACIÓN
La aprobación del megaproyecto se dio gracias a los apoyos de los secretarios regionales ministeriales -seremi- del Medio Ambiente (Giannina González), Salud (Alejandro García), Economía (Carlos Lillo), Energía (Álvaro Herrera), Obras Públicas (Pedro Rojas), Agricultura (Rodrigo Órdenes), Minería (Emilio Lazo), Vivienda y Urbanismo (Abel Espinoza), Transportes y Telecomunicaciones (Juan Fuentes) y Planificación (Marcelo Telias), además de la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental (Claudia Martínez).
El único en contra fue el delegado presidencial Pablo Herman, sucesor de la figura del intendente, porque, según él, no se analizó el escenario con cuatro puertos en una zona de apenas 100 kilómetros.
Desde el oficialismo, el diputado RN Francisco Eguiguren consideró que "ellos lo que hicieron fue respaldar ese informe (ambiental)".
"Salvo el delegado presidencial, que se pronunció personalmente, el resto lo hizo técnicamente", opinó el también legislador representante por la región.
Asimismo, el UDI Juan Fuenzalida puntualizó que "acá no se puede depender de lo que digan las 'barras bravas' a través de las redes sociales o lo que digan los manifestantes quemando neumáticos y generando protestas en las calles".
"Acá las instituciones e tienen que respetar", enfatizó el gremialista.
CIUDADANÍA DE LA HIGUERA, DIVIDIDA
Desde hace años parte de los habitantes de la zona y de la comunidad científica y ambientalista ha buscado frenar este proyecto argumentando que afectaría a una zona de rica biodiversidad. En las aguas costeras de La Higuera se emplazan las reservas marinas Isla Choros-Damas, Isla Chañaral y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, que ocupa más de 888 hectáreas y alberga una gran cantidad de especies endémicas marinas y terrestres.
Por ello, cientos de vecinos, dirigentes de pescadores e integrantes de organizaciones sociales y personas vinculadas al turismo deploraron la decisión del Coeva y acusan que el proyecto convertirá la comuna en una "zona de sacrificio". "Mientras haya vida, habrá lucha" y "nos están pasando a llevar", fueron algunas de las reacciones.
Sin embargo, desde la Asociación Comunal de La Higuera -representa a 600 personas o socios- valoraron la aprobación de la iniciativa que, afirman, mantiene vigente un Acuerdo Marco inédito con las comunidades de esa zona.
Esta agrupación recuerda que en 2016, "y con la ratificación de más de 1.600 adultos de la comuna", Andes Iron suscribió un convenio para mejorar la calidad de vida de los habitantes de ese territorio, reconociendo derechos de percibir beneficios por la explotación del mineral. "Este acuerdo va a reforzar la generación de proyectos en la comuna que podrá paliar la delicada cesantía", dice Ana Castillo, presidenta de la Asociación Comunal.
Vecinos de la Asociación Comunal de La Higuera celebra aprobación de Dominga.
La dirigenta asegura que Dominga generará 10 mil empleos directos en su fase de construcción, y permitirá adicionalmente que "aquellos que tienen que emigrar por trabajo, puedan quedarse y estar cerca de sus familias", resalta la dirigenta.
"¡Basta que nuestra comuna salga en los índices como la más pobre del país! Ahora vamos a pasar a ser una de las mejores, porque se abren las reales posibilidades de trabajo", emplazó también Andrea Flores, presidenta de la Funcional Gastronómica de Caleta Los Hornos, quien instó a aprovechar las oportunidades laborales del proyecto, que -asegura- requerirá otros 4.500 empleos directos e indirectos durante la operación de Dominga.
De todas maneras, aún no hay luz verde para que inicie la construcción del polémico proyecto, puesto que la Corte Suprema aún revisa un recurso de casación interpuesto en mayo por organizaciones sociales opositoras a Dominga, mediante el cual apuestan a revertir el fallo de abril del Tribunal Ambiental que permitió que se llevara a cabo justamente la votación de este miércoles.
En ese marco, "lo correcto era que hoy no se votara Dominga y se esperaran los dictámenes de la Corte Suprema", reprochó la gobernadora regional, Krist Naranjo.
Además, hay instancias de apelación ante la aprobación del Coeva, lo que, paradójicamente, podría derivar en una nueva pugna judicial, pero ahora impulsada por los detractores al megaproyecto minero portuario.
