Los implicados pertenecían al área de supervisión de la empresa.
El Ministerio Público ha explicado los alcances del eventual acuerdo económico a las más de 500 víctimas.
La Fiscalía de O'Higgins propondrá la suspensión condicional contra los tres miembros de CGE formalizados tras los incendios forestales ocurridos entre diciembre de 2016 y enero de 2017 en la zona.
Personeros del Ministerio Público han sostenido reuniones con las más de 500 víctimas del caso, que corresponden a las comunas de Marchigüe, Pumanque, Lolol, Paredones y Santa Cruz, a quienes les han dado a conocer las posibles indemnizaciones que podrían recibir de concretarse el hecho.
La medida consistiría en un monto de dinero -que aún no se ha determinado- respecto al tipo de daño sufrido por los siniestros por parte de las familias.
"Nos encontramos analizando una potencial suspensión condicional del procedimiento, respecto a los tres imputados que están formalizados en este caso. Tenemos fiscales de alta de complejidad que están desplegados en la zona, reuniéndose con la comunidad con la finalidad de explicarles este acuerdo y qué alcance tendría para ellos", indicó el fiscal jefe (s) de O'Higgins, Javier von Bischoffshausen.
El persecutor añadió que "el acuerdo se traduce que a través de la empresa, se establezcan compensaciones económicas por los daños sufridos como consecuencia de estos incendios (...) es un proceso bastante complicado, de largo aliento, en donde le hemos explicado a la comunidad las ventajas y desventajas del hecho".
La audiencia para explorar una eventual salida alternativa en el caso, quedó fijada para el próximo 24 de junio.
