La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, rechazó en El Diario de Cooperativa la posibilidad de reabrir el debate sobre la pena de muerte tras el crimen de Ámbar Cornejo, donde el único imputado es Hugo Bustamante, quien se encontraba bajo libertad condicional.
Tras el hallazgo del cuerpo de la menor de 16 años ayer jueves, Muñoz dijo "entender la frustración, la rabia que genera que una niña de 16 años sea asesinada, pero la pena de muerte no es la respuesta".
"No sólo porque evidentemente retomar esa discusión sería tratar de retroceder en el ámbito de las exigencias que imponen los tratados internacionales de derechos humanos a nuestro país, sino que porque además obviamente aquello no resuelve de ninguna manera los espacios que tienen que relacionarse con la prevención de hechos de esta naturaleza, y la sanción penal ciertamente está asociada al cumplimiento de sanciones de manera efectiva, pero la pena de muerte no puede ser de ninguna manera algo que se reanude en materia de discusión en nuestro país", remarcó.
Muñoz dijo esperar que "las personas que con toda razón están frustradas y muy enojadas por el alevoso crimen de Ámbar entiendan que la pena de muerte no es una alternativa y entiendan que se deben producir cambios y ejecutar cambios, que el mundo político debe comprometerse con eso, porque son quienes tienen la posibilidad de ejecutar esas acciones, pero que en la pena de muerte no se encuentra la respuesta".
Luego que el Gobierno anunciara que se dará prioridad a un proyecto que busca endurecer los requisitos para acceder a libertad condicional, la defensora de la Niñez exigió cambios legales para impedir que asesinos y violadores de niños salgan de las cárceles: "Hay personas que no pueden estar en libertad y que deben cumplir sus penas íntegramente".
"Otro tema es qué delitos tienen acceso o no a beneficios para salir de manera previa al cumplimiento de su condena y, en mi opinión, quienes cometer delitos de homicidio y quienes cometen agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes no debieran tener sino la obligación de cumplir sus penas íntegramente en la cárcel", sostuvo Muñoz.
Remarcó que no hay control efectivo de las personas que hoy están en libertad condicional, asegurando que "existe una deficiencia de información que yo espero que en razón de este dramático hecho tan brutal, que desafortunadamente además la víctima no va a encontrar respuesta y su pérdida para nuestro país es irreparable, implique una revisión profunda y al menos tengamos la posibilidad de saber de manera directa cuántas que tienen situaciones de esta naturaleza, comisiones de delito por hechos tan graves y horrorosos como el que había cometido Bustamente, efectivamente están en libertad y qué tipo de seguimiento están teniendo de manera efectiva".
Experto: "Hay un número importante de niños que no son buscados"
Para Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, "el crimen de Ámbar ha revelado no solamente ha revelado las debilidades del sistema penitenciario para hacer seguimientos a la ejecución de las penas, sino que fundamentalmente la incapacidad de Estado para proteger, prevenir y anticiparse a las situaciones de riesgo que pudieran afectar el bienestar de los niños que están en una situación de altísima vulnerabilidad".
En conversación con Cooperativa, el experto alertó que 245 menores con denuncias de presuntas desgracias han sido hallados muertos desde el año 2010.
"Lo que estamos viendo es un fenómeno que está pasando absolutamente inadvertido ante las políticas públicas: hay un número importante de niños que están desaparecidos y hay un número importante de niños que no son buscados", apuntó Sánchez.
