Alan Bastías (ex Demócratas) fue formalizado este miércoles en Chiguayante.
La Fiscalía invocó varias circunstancias agravantes: abuso de confianza, uso de fuerza o intimidación e incapacidad (de la víctima) para oponerse" a la agresión.
Bastías se presenta en sus redes sociales como "rescatista de animales".
El Juzgado de Garantía de Chiguayante ordenó este miércoles la prisión preventiva del consejero regional del Biobío Alan Bastías Urrutia (exmilitante de Demócratas), quien fue formalizado por la violación de una mujer adulta.
De acuerdo con la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía, el hecho ocurrió en el contexto de una fiesta de Halloween realizada en 2025.
La investigación determinó que la presentación de cargos invocara "dos circunstancias (agravantes): fuerza o intimidación e incapacidad (de la víctima) para oponerse" a la agresión sexual, explicó Marcia Matus, fiscal subrogante de Concepción.
"También se invocó una agravante genérica -prevista en el artículo 12 número 7 del Código Penal, que es haber cometido el delito con abuso de confianza", añadió la persecutora.
"Solicitamos la medida cautelar de prisión preventiva y el tribunal estimó dar lugar a la petición, al haberse configurado los elementos del tipo y también entender que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad", explicó la fiscal.
El trabajo de investigación estuvo a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI.
El subprefecto Rodrigo Henríquez precisó que "las diligencias desarrolladas consideraron trabajo de campo y peritajes en el sitio del suceso, levantamiento de registros de cámaras de seguridad, levantamiento de evidencia con residuos biológicos, exámenes sexológicos, entrevistas a testigos que asistieron a la celebración y a los profesionales médicos que trataron a la víctima; antecedentes que sirvieron de fundamento para la formalización".
El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) asumió la representación jurídica de la víctima.
La directora regional del organismo en el Biobío, Bárbara Monsalves, enfatizó la necesidad de una indagatoria impecable dada la posición del acusado.
"Velaremos por que la investigación se desarrolle con la mayor rigurosidad, diligencia y también transparencia, considerando que el imputado es una persona que ejerce un cargo público", aseveró.
A los pronunciamientos se sumó el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, quien recalcó la gravedad del caso.
"Primero hay que decir que es una autoridad electa, no es un funcionario del gobierno regional; no obstante, tenemos la convicción de que los hechos denunciados son gravísimos y, por lo mismo, esperamos que la Fiscalía pueda aclararlos y determinar las responsabilidades que correspondan", sostuvo.
La Justicia determinó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.
