Concejales de Colina confirmaron que presentaron un requerimiento ante la Contraloría para que investigue el procedimiento y determine si hubo irregularidades.
La decisión de sacrificar a un perro comunitario en Colina generó una ola de críticas en redes sociales. Se trata de Rusio, un perro que vivía en el Parque San Miguel y cuya eutanasia habría sido ordenada por la autoridad sanitaria tras denuncias por mordeduras en el sector.
El caso se viralizó luego de que se difundiera un video en el que un vecino encara a funcionarios municipales que llegaron al parque para retirar al animal, luego de enterarse de que sería sacrificado.
La Municipalidad de Colina confirmó la medida en un comunicado publicado el martes 13 de octubre, donde explicó que había recibido denuncias por mordeduras de perros en el parque. En uno de los episodios, una persona fue atacada por tres animales y necesitó atención médica.
Ante estos antecedentes, profesionales de la Seremi de Salud evaluaron a uno de los perros y la autoridad sanitaria instruyó las medidas correspondientes, incluida la eutanasia.
Desde el municipio señalaron que comprenden el cariño de los vecinos por los perros comunitarios, pero sostuvieron que deben actuar frente a situaciones que puedan representar un riesgo para las personas.
Sin embargo, vecinos y organizaciones animalistas cuestionaron la decisión, asegurando que Rusio podría haber sido entregado en adopción y criticando que, según sus versiones, no se permitiera la intervención de agrupaciones dispuestas a ayudarlo.
El diputado Sebastián Videla calificó el caso como indignante y doloroso, además de pedir que se explique por qué se descartaron otras medidas, como la observación y el aislamiento del animal. El parlamentario anunció que oficiará a la Asociación de Municipalidades.
Por su parte, la consejera regional metropolitana Beatriz Albornoz sostuvo que la legislación chilena no contempla la eutanasia como respuesta automática ante una mordedura y anunció que exigirá los antecedentes veterinarios, los resultados de los exámenes de rabia y la información sobre el cumplimiento del período de observación de 10 días.
Finalmente, concejales de Colina confirmaron que presentaron un requerimiento ante la Contraloría para que investigue el procedimiento y determine si hubo irregularidades.
