El nuevo incidente ocurrido en un Cesfam del Biobío volvió a poner en alerta a los trabajadores del sector.
La Confusam y el Colegio Médico coinciden en que existe aquí un tema "urgente" a abordar.
La agresión generó un paro en los cuatro consultorios de San Pedro de la Paz.
La Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal y el Colegio Médico de Chile coincidieron en que es urgente que el Gobierno acelere el trámite, en el Parlamento, del proyecto de ley que busca elevar las sanciones a los agresores de funcionarios de salud en sus lugares de trabajo.
Tras el último hecho de violencia, ocurrido en San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, la presidenta nacional de la Confusam, Gabriela Flores, dijo sentir "inquietud" ante la falta de avance de la iniciativa.
"Habíamos estado con el Presidente de la República para la firma de este proyecto, e ingresarlo al Parlamento para que esto se pueda aplicar a nivel país, pero de ahí a cuántos meses (será una realidad) no sé, y ésa es la gran inquietud", dijo Flores.
"Aquí también pasa por los alcaldes de la comunas, el compromiso que ellos tienen con tener guardias de seguridad, de hacer las denuncias en las fiscalías correspondientes, pero vemos una pasividad en las autoridades", agregó.
"El trabajo se ha detenido"
"Este último tiempo hemos visto que la mesa y el trabajo se ha detenido", complementó la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.
"Hay proyectos de ley que han ido avanzando, pero que no se han logrado concretar para ser presentados al Parlamento... Creemos que es urgente que las autoridades de (los ministerios de) Salud e Interior tomen acciones que permitan evitar posibles agresiones y migración del personal de salud de los centros públicos a lo largo del país", agregó la dirigente.
"Llamado de alerta a los municipios"
Tras la situación registrada en el Cesfam de Boca Sur de San Pedro de la Paz, las miradas apuntan a la falta de seguridad. Particularmente, ese recinto tiene un historial que pasa por la quema de un auto a una funcionaria y una feroz pelea entre usuarios que no respetan las filas.
El gobernador de la Provincia de Concepción, Robert Contreras, dijo que lo ocurrido "es un llamado de alerta a las condiciones en que los municipios tienen a estos centros".
"Claramente necesitamos también la colaboración de los municipios para poder darles seguridad interna a los centros, ya sea con cámaras o monitoreo con los controles de seguridad ciudadana", dijo Contreras.
En la misma línea, Gabriela Flores, añadió que el tema "pasa por los alcaldes de las comunas; el compromiso que ellos tienen de mantener guardias de seguridad, de hacer las denuncias en la Fiscalía correspondiente".
En general, no obstante, "vemos una pasividad en las autoridades con respecto a la defensa de los funcionarios".
