La Segpres había advertido una posible "infracción constitucional" de la iniciativa, pero finalmente el Ejecutivo decidió no impugnarla.
La ley, en condiciones de ser promulgada, permite -entre otros aspectos- posponer el pago de las cuentas hasta superada la emergencia.
El Gobierno finalmente decidió que no impugnará ante el Tribunal Constitucional el proyecto de ley que prohíbe el corte del suministro de servicios básicos -luz, agua, telefonía, internet y gas- durante la duración de la alerta sanitaria por la pandemia de Covid-19, que fue despachado la semana pasada por el Congreso.
La iniciativa, de moción parlamentaria, pasó su tramitación en ambas Cámaras sin votos en contra: el jueves pasado fue visada en último trámite por el Senado con 28 votos a favor y 10 abstenciones, estas últimas principalmente de parlamentarios oficialistas de la UDI que cuestionaron la constitucionalidad del texto.
Una vez que fue despachado, la Secretaría General de la Presidencia advirtió que el texto "podría constituir infracciones a las normas constitucionales" y que estaba analizando "los cursos de acción" antes de promulgarlo como ley; el subsecretario Juan José Ossa y el gremialismo planteaban que puede vulnerar la garantía del derecho de propiedad de las empresas.
Sin embargo, este martes, último día de plazo para llevar el proyecto el TC, el Ejecutivo decidió que no lo hará; en consecuencia, está en condiciones ser promulgado como ley, acción a la que ya había sido emplazado por parlamentarios tanto oficialistas como de oposición.
Entre otros aspectos, la futura ley permite posponer el pago de estas cuentas hasta superada la emergencia y con la posibilidad de hacerlo hasta en 12 cuotas sin intereses, como prefiera el cliente; además comenzará a regir para cuentas cuyo vencimiento fue el 18 de marzo en adelante, hasta 90 días después de publicada la ley.
