El vocero de la presidencia argentina, Adrián Ravier, dijo este martes que el Gobierno de Javier Milei "tomó nota del resultado electoral de Brasil", tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, y añadió que el perdedor de esos comicios, Flávio Bolsonaro, "no ha pedido asilo" en el país trasandino.
Estas han sido las primeras palabras del Gobierno de Javier Milei tras la victoria el domingo de Lula da Silva en unas elecciones que han marcado historia en Brasil y después de que el presidente argentino se inmiscuyera en la campaña a favor de Bolsonaro e insultara de manera repetida al líder progresista brasileño.
Ravier señaló que no habrá comunicado oficial del Gobierno argentino y justificó el silencio del presidente: "Cuando en 2023 Javier Milei fue electo no hubo ningún gesto del presidente Lula para saludarlo personalmente".
"El presidente no es un hipócrita, es evidente que hay diferencias ideológicas entre los dos mandatarios", insistió.
Lo que hizo Lula en noviembre de 2023, tras la victoria de Milei, fue desear "buena suerte y éxito" al futuro Gobierno argentino y felicitar "a las instituciones argentinas por la conducción del proceso electoral y al pueblo argentino que participó de la jornada electoral de forma ordenada y pacífica".
"Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto. Brasil siempre estará a disposición para trabajar junto con nuestros hermanos argentinos", expresó entonces el líder brasileño.
Ravier también aclaró que "del lado argentino, la diplomacia continúa, las relaciones comerciales continúan y no esperamos que nada de esto cambie".
En busca de Flávio Bolsonaro
El portavoz de Milei ofreció la rueda de prensa mientras los medios argentinos especulaban sobre la posibilidad de que Bolsonaro hubiera cruzado la frontera y estuviera en Argentina, a lo que respondió la Dirección de Migraciones que "no tiene registro" de ello.
"Sobre Bolsonaro no hay ningún pedido de asilo", remarcó Ravier, en medio del revuelo causado por las informaciones aparecidas en la prensa argentina.
A primera hora del martes, el medio Infobae publicó que el senador brasileño habría salido de Brasil y viajaría a Estados Unidos desde Puerto Iguazú, Misiones (en el norte de Argentina), a bordo de un avión privado perteneciente a la empresa Baires Fly S.A., cuya partida estaba prevista en la madrugada.
Según el mismo medio, el legislador habría cruzado la frontera hacia Argentina con su documento nacional de identidad, mientras el canal de televisión TN mostró un avión retenido en Puerto Iguazú.
La Policía Federal de Brasil investiga en los pasos fronterizos para determinar si Flávio Bolsonaro abandonó el país, mientras la Dirección de Migraciones de Argentina informó de que había constatado que "la documentación de la empresa (propietaria del avión retenido en Iguazú) se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro".
Esta información surge después de que Bolsonaro denunciara que la Justicia brasileña le ordenó entregar sus pasaportes y le prohibió salir del país, en el contexto de investigaciones por lavado de dinero y corrupción, acusaciones que el senador niega.
Investigación por financiamiento irregular e injerencia externa
La Corte Suprema de Brasil ordenó este martes investigar a la campaña de Flávio Bosonaro por la posible injerencia extranjera en las elecciones presidenciales, bajo sospechas de finamiento irregular, manipulación en plataformas digitales y favorecimiento a cambio de beneficios en el país.
La investigación apunta, entre otros aspectos, a posibles vínculos de la campaña de Bolsonaro con la organización Rockbridge Network, un grupo estadounidense de articulación política entre cuyos fundadores figura el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance.
La decisión fue adoptada por el magistrado Flávio Dino, quien afirmó que "no se admite la interferencia, directa o indirecta, de un Estado extranjero" en asuntos sometidos a la soberanía brasileña.
Dino, quien fue ministro de Justicia durante el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó investigar posibles manipulaciones de los algoritmos de las plataformas digitales por parte de la campaña de Bolsonaro, para favorecer o perjudicar candidaturas, así como rastrear el origen y destino de eventuales recursos extranjeros a su favor.
Entre los puntos mencionados por el magistrado están las supuestas negociaciones entre los empresarios brasileños Tallis Gomes y Pedro Sang y representantes de Rockbridge Network, red que reúne a empresarios y donantes para impulsar proyectos y organizaciones afines a la agenda política republicana.
El objetivo es determinar si hubo vínculos entre beneficios económicos de esa red y la campaña presidencial del candidato de la ultraderecha, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado y preso por golpismo.
Asimismo deberá examinar si esos contactos guardan relación con intereses económicos vinculados a las tierras raras y otros minerales críticos de Brasil, recursos sobre los que ha mostrado un gran interés el Gobierno de Donald Trump.
El magistrado también solicitó identificar a los responsables de contratar y pagar publicidad electoral difundida por perfiles radicados en el extranjero, un asunto que fue denunciado ante la Justicia electoral por el excandidato presidencial Renan Santos.
La legislación brasileña prohíbe que los partidos y candidatos reciban, directa o indirectamente, donaciones de origen extranjero, incluso mediante publicidad.
La decisión se produce después de que la Justicia electoral brasileña ordenara investigar denuncias de trato desigual a las campañas de Lula y el candidato de la ultraderecha Flávio Bolsonaro en las redes sociales.
