Ex funcionarios están acusados de defraudar cerca de 3.000 millones de pesos.
Ahora vendrá la formalización de los beneficiados por los delitos.
"Falta todavía detener y formalizar a un imputado, que se encuentra prófugo, correspondiente a Francisco Sivit Geraldino", dijo la Fiscalía.
La Corte de Apelaciones de Santiago decretó este jueves la prisión preventiva de los dos ex funcionarios y el contador que son considerados por la Fiscalía como los cabecillas del mega fraude al Servicio de Impuestos Internos (SII), por cerca de tres mil millones de pesos hace ya cinco años.
La primera sala del Tribunal de Alzada capitalino revocó el arresto domiciliario para Iván Alvarez Díaz y Mitzi Carrasco Rioseco, ambos ex trabajadores de la sede de Ñuñoa del organismo tributario.
También decretó el ingreso a la cárcel del contador Sergio Díaz Córdova, ya que el Ministerio Público los considera los líderes de las maniobras delictivas para no pagar impuestos, a través del Fondo de Utilidades Tributarias, donde se vieron beneficiados 122 contribuyentes, tanto personas naturales como empresas.
El fiscal del caso, Carlos Gajardo, informó que ahora vendrá la formalización de los beneficiados por los delitos: "Estamos satisfechos, efectivamente. Esto se trata de un fraude millonario que ha afectado al SII por cerca de tres mil millones de pesos".
"Habían importantes imputados que estaban en libertad y que a partir de este fallo deberán cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva, y justamente corresponde a los cabecillas, a las personas que organizaron esta actividad delictiva", añadió.
Gajardo especificó que "falta todavía detener y formalizar a un imputado de Talcahuano, que se encuentra prófugo, correspondiente a Francisco Sivot Geraldino. Y en una segunda etapa, la Fiscalía va a proceder a formalizar investigación en contra de los contribuyentes que también tengan responsabilidad por estos hechos".
Otros tres contadores ya formalizados se encuentran en prisión preventiva, mientras que un cuarto profesional tiene arresto domiciliario ya que sería menor su participación en los delitos investigados.
