Ante el 9º Juzgado Civil de Santiago la constructora Claro Vicuña Valenzuela (CVV) inició su proceso de quiebra este jueves debido al delicado presente económico que atraviesa, lo que se debe -según acusaron- a "problemas estructurales de la industria de la construcción" y "burocracia de los mandantes públicos para gestionar pagos".
"En términos prácticos se desmovilizarán 30 obras en ejecución a lo largo de Chile, serán desvinculadas más 2.500 personas y habrá impacto sobre productos y servicios de más de 1.500 proveedores de distinto tamaño. El volumen de deuda corriente con el que la empresa inicia este proceso de liquidación voluntaria asciende a los 58 mil millones de pesos", alertó CVV en un comunicado.
En el escrito, según consignó La Tercera, la firma con 65 años de historia realizó un emplazamiento al Gobierno del Presidente Gabriel Boric: "La decisión del Ministerio de Obras Públicas de reajustar retroactivamente sus contratos, medida solicitada hace meses por la compañía; es tardía para Claro Vicuña Valenzuela", puntualizaron.
"Obras que estaba desarrollando quedarán inconclusas, entre las que se cuentan el Bypass de Castro, el Hospital de Curacautín, la avenida principal de Angol, entre muchas otras", acusó la constructora, que indicó también que pese a sus esfuerzos por evitar su proceso de liquidación, "la autoridad no sopesó la gravedad de la situación y hoy llegamos al punto de no continuar con nuestras operaciones".
DETALLES DE SU CRÍTICO MOMENTO
De todas maneras, CVV reiteró que esta crítica situación que enfrenta está gatillada también por el aumento de precio de los materiales y el bajo stock de estos, la menor disponibilidad de mano de obra y la inflación que azota al país.
"Todos estos factores afectaron la continuidad de las operaciones, la productividad de los proyectos y la eficiencia en el uso de recursos, teniendo como consecuencia de todos estos factores, un impacto relevante en los costos y plazos de las obras", se detalló en el comunicado.
A esto se sumó la crítica por el "atraso en el curso de los estados de pago mensuales con su respectivo incumplimiento de la ley de pago a 30 días y retrasos en la tramitación de convenios de pago de obras ejecutadas y por ejecutar", mientras que "se sumó la no recepción y finiquito de obras terminadas. Con implicancias en retención de estados de pago, así como la no devolución de boletas de garantía".
La quiebra de la histórica empresa constructora avanza pese a que, según aseguraron, intentaron evitarlo "inyectando importantes recursos por parte de los accionistas, reducir los gastos fijos, reducir sus ingresos y su actividad y negociar con los proveedores sus plazos de pago, pero estas acciones no han sido suficientes".
Algunas de las obras públicas que ya están paralizadas son el puente Bicentenario sobre el Biobío en el Gran Concepción, arreglos en Colón en Talcahuano y un by pass en Los Lagos.
CCHC LAMENTÓ QUIEBRA DE LA CONSTRUCTORA
"Lamentamos profundamente la complicada situación por la que pasa una empresa de larga data en la industria de la construcción", así reaccionó la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) tras conocerse la quiebra de CVV.
A través de un comunicado, se indicó que "este escenario es consecuencia del alza de precios de los materiales que han afectado a proyectos sin opción de reajustar los precios, como también a las permanentes dificultades en la relación mandante-contratista especialmente con las empresas del Estado, con dificultades en obtención de recepciones, y en definitiva pagos oportunos por los servicios realizados".
"Es urgente trabajar en conjunto para desatar esos nudos arraigados en la burocracia estatal y así evitar que otras empresas puedan enfrentar escenarios tan difíciles como el tener que llegar a la quiebra, desmovilizando proyectos y dejando a personas sin su fuente laboral", cerró CChC.
MOP NEGÓ RESPONSABILIDAD EN LA CRISIS
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, planteó a Pulso de La Tercera que si bien su cartera intentó acercar posiciones con la empresa para buscar soluciones que le permitieran continuar con las obras, ésta no tomó esa invitación, por tanto, "quiero desmentir categóricamente que la situación se debe a incumplimientos por parte del Ministerio de Obras Públicas".
"En los últimos meses, se realizaron pagos por más de 8 mil millones de pesos, y aún así Claro Vicuña mantuvo bajos niveles de rendimiento, incumpliendo con sus compromisos en las obras", aseveró el titular del MOP.
En cuanto a los trabajadores, acotó que a septiembre había cerca de 450 personas prestando servicios en los contratos vigentes, "a quienes la empresa no estaba pagando sus sueldos".
"Quiero ser claro: hay empresas que en esta crisis se la han jugado por llegar a soluciones en conjunto con el MOP para terminar las obras. Sin embargo, lamentablemente, hay otros casos donde se intenta responsabilizar y hacer pagar al Estado por crisis globales como la pandemia o el alza de los materiales desconociendo su propia mala gestión. Aquí las empresas tienen también la responsabilidad de tomar los resguardos oportunos, en los tiempos de bonanza, para enfrentar los momentos difíciles y así al menos poder compartir los impactos frente a una crisis", enfatizó García.
En ese sentido, el secretario de Estado estableció que la principal preocupación de su cartera es retomar los 10 contratos vigentes que sostiene con la empresa, y entre ellos, tres que están cerca de terminar, para lo que "ya estamos trabajando para ofrecer soluciones a todas las regiones afectadas por el abandono de obras de la empresa Claro Vicuña".
