El proyecto de ley que impulsa un reajuste salarial de 4,3% para funcionarios del sector público ha generado críticas al retomarse su tramitación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, por el alza que propone para los ministros del Tribunal Constitucional.
El articulado establece que alcanzarán una remuneración equivalente a la de los funcionarios de grado 2 del Poder Judicial, lo que significa que, de aprobarse, van a pasar de percibir 9,3 millones a 12,8 millones de pesos.
"Se ha usado la Mesa del Sector Público para una inmoralidad", reprochó el diputado independiente Carlos Bianchi, integrante de la Comisión de Hacienda, e inquirió: "¿Qué trabajadora, qué trabajador, qué funcionario o funcionario público, en un solo acto podría tener un incremento en su renta de 3 millones y medio de pesos?".
Recalcando que esto implica un alza salarial de 36% para los ministros del TC, el exsenador insistió que la propuesta "es de un grado inmoral extraordinario".
"Yo no estoy dispuesto a avalar, ni a apoyar, ni a votar a favor de esta inmoralidad", sentenció Bianchi.
Por contraparte, al parlamentario Miguel Mellado (RN) le parece una buena medida, planteando que "los jueces del Tribunal Constitucional deben tener una remuneración (para) que puedan no ser coimeables; que haya una cantidad de dinero (para) que ellos puedan responder por sus actos y no haya ninguna presión de ningún tipo".
Ministros del TC pidieron aumento
Según adelantó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, este aumento se debe a la necesidad de equiparar esos sueldos a los de jueces de tribunales superiores del país, pues hace años habían quedado congelados, al verse amarrados a los ingresos de ministros de Gobierno.
"Es por un tema de nivelación respecto a los ministros de la Corte Suprema, si mal no recuerdo. Es algo que se venía planteando desde hace algún tiempo", dijo.
Asimismo, su par de Justicia, Luis Cordero, explicó que los mismos ministros del TC solicitaron el ajuste: "Es un requerimiento que realizó el pleno del Tribunal Constitucional. Hay una razón técnica que explica esto, pero no hay capricho ni decisión arbitraria detrás de eso. Esto es una evaluación que corresponde al Congreso".
En específico, los sueldos de las más altas autoridades del país están congelados desde 2022, cuando los fijó el Consejo de Alta Dirección Pública, y lo seguirán hasta que los reajuste una comisión especial creada en virtud de la reforma que rebajó la dieta parlamentaria.
La Comisión de Hacienda de la Cámara Baja retomará este jueves la tramitación del reajuste al sector público.
