Tres de las seis manifestantes que a modo de protesta treparon a señalización de tránsito se lanzaron sobre la cama inflable dispuesta en la principal avenida santiaguina por Bomberos.
Personal de Carabineros logró, a las 15:15 horas (19:15 GMT), concluir la protesta que desde cerca del mediodía mantenía un grupo de deudoras habitacionales del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) en la Alameda, casi al llegar a San Antonio. En el lugar, seis mujeres permanecían encaramadas en una estructura metálica, en la que está instalada señalética vial.
Tras la orden, hasta el lugar donde se encontraban las mujeres -que originalmente eran siete, hasta el descenso de una- subieron efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros, así como voluntarios de Bomberos.
Tres de las féminas fueron lanzadas sobre la cama inflable dispuesta en el lugar, para prevenir un accidente en caso de una caída involuntaria, mientras que las otras tres depusieron su actitud y ocuparon las escalas telescópicas de Bomberos para descender.
El grupo, que ya en meses pasados protagonizó un incidente similar, llegó a la esquina de Alameda y San Antonio para exigir la presencia del Presidente de la República, Ricardo Lagos, en el lugar.
De hecho, rechazaron la mediación que ofreció el diputado independiente de derecha Alberto Cardemil, quien conversó con ellas tras subir por una escala de Bomberos. Además, una carta que el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, hizo llegar al lugar fue destruida por una de las deudoras.
"Correa Sutil no corta ni pincha. El único que corta y pincha aquí es el Presidente de la República y con él me gustaría conversar", dijo la dirigenta Juana Silva Muñoz, quien no subió a la armazón, pero apoyó la acción desde la calzada.
El oficial a cargo del operativo, comandante Alejandro Crestá, relató que "como ustedes lo vieron, se agotaron todas las instancias, a través incluso de una carta de compromiso que tenían de parte del subsecretario del Interior, para recibirlos en un reunión mañana (martes)".
El grupo, que es parte de la Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales (ANDHA-Chile), argumentó que deseaba una solución "digna", más allá de las medidas anunciadas por Lagos el pasado 17 de mayo, que incluyen beneficios para 262.000 familias, de las cuales 31.900 quedarán con sus casas completamente canceladas.
Las personas detenidas fueron trasladadas hasta la Posta Central para constatar lesiones, desde donde serán derivadas a la Tercera Comisaría de Carabineros, acusadas de desórdenes graves.
