Una ofensiva ante el Tribunal Constitucional (TC) encabezan los parlamentarios de la Comisión de Vivienda, alcaldes de la Región Metropolitana, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, y especialistas en urbanismo.
La acción busca declarar inconstitucional el reciente decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que introduce modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
El decreto en cuestión altera los parámetros de densidad habitacional en el país, reduciendo el cálculo estándar de cuatro personas por vivienda a 2,8, e incluso a 1,4 en proyectos cercanos a ejes viales o redes de transporte público.
Además, la disposición eleva hasta en un 75% la constructibilidad y en un 50% la altura permitida, reduciendo al mismo tiempo de 5.000 a 2.500 metros cuadrados el umbral predial requerido para acceder a estos beneficios de edificación.
Otro de los aspectos centrales del cuestionamiento radica en el recorte de atribuciones a los gobiernos locales, ya que la nueva norma dispone que las Direcciones de Obras Municipales (DOM) no puedan pronunciarse sobre el mérito o la suficiencia técnica de las iniciativas inmobiliarias.
Diputados, alcaldes, el gobernador Claudio Orrego y expertos urbanistas ingresaron un requerimiento de inconstitucionalidad contra el decreto del Minvu que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. (FOTO: ATON)
Advertencias por "guetos verticales" y falta de planificación
Las autoridades locales y regionales recalcaron que el requerimiento no rechaza la densificación como herramienta de política habitacional, sino el mecanismo administrativo utilizado, el cual desestima la planificación territorial y la participación ciudadana.
Al fundamentar la presentación judicial, el gobernador Orrego señaló que "no se puede reemplazar por la vía administrativa, por un decreto hecho entre cuatro paredes, el trabajo de técnicos, ciudadanos y autoridades tanto locales como regionales".
"Nos parece grave, no porque estemos en contra de la densificación, pero tiene que hacerse con planificación, con servicios, con salud, con educación, con movilidad, y eso lamentablemente no se respeta con esta nueva norma", enfatizó la autoridad regional.
En la misma línea, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, indicó que su comuna "es un claro ejemplo (debido a sus guetos verticales) respecto a cuando este tipo de medidas y el impacto que esto tiene dentro de una ciudad".
"Creíamos también que existía cierto consenso respecto a que lo que pasó en nuestra comuna es realmente una atrocidad, de darte cuenta de que en lugares donde antes se permitía cierta cantidad de departamentos, hoy se van a permitir más, pasando por encima de lo que hemos planteado", arremetió el jefe comunal.
Reparos constitucionales y la crítica académica
Entre las causales jurídicas del libelo acusatorio se denuncia un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria del Ejecutivo.
De acuerdo con los requirentes, el decreto reemplaza determinaciones normativas que competen a los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT), eludiendo procesos como la Evaluación Ambiental Estratégica y la consulta a las comunidades.
Considerando que la Contraloría General de la República ya tomó razón del decreto presidencial, el recurso ante el TC se convirtió en la última instancia jurídica para frenar su vigencia.
La situación también fue cuestionada por Luis Eduardo Bresciani, académico de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica, quien recordó que "Chile por décadas ha creído, a través de sus leyes y no de decretos, que la planificación urbana es la manera de lograr calidad de vida en los barrios".
Tras la toma de razón de Contraloría, el titular de la cartera fue citado a la Comisión de Vivienda de la Cámara para explicar las modificaciones normativas. (FOTO: ATON)
"Por primera vez en muchos años, a pesar de que existían excepciones en la ley, este Gobierno ha transgredido por completo lo razonable, no solamente modificando los planes reguladores en forma dramática, sino impactando en la calidad de vida ante una norma vía decreto presidencial", cuestionó el experto.
"No es una mera norma de excepción, sino que es algo que transgrede por completo las confianzas y lo que las mismas leyes y el Parlamento ha aprobado por décadas en Chile", puntualizó.
Minvu guardó silencio y ministro comparecerá ante el Congreso
Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo declinaron emitir declaraciones públicas respecto a la presentación del requerimiento judicial.
Pese a que el titular de la cartera, Iván Poduje, suspendió su comparecencia de la semana anterior ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados por problemas de agenda, la autoridad quedó nuevamente citada para este miércoles.
En dicha sesión legislativa, el secretario de Estado deberá exponer los argumentos técnicos del decreto y responder a los cuestionamientos transversales formulados por los parlamentarios.
